Los diagnósticos utilizados para impulsar la conversión de la PGR en la actual FGR enfatizaron en la debilidad institucional de aquella, producto de unas nulas capacidades de investigación que la llevaron a perseguir esencialmente a quienes eran sorprendidos en flagrancia.
Infundada en un nuevo espacio de actuación que le garantizaba autonomía constitucional, la FGR comenzó su andadura liberada de intereses y condicionamientos políticos, lo cual suponía una importante conquista, pero al mismo tiempo, una responsabilidad de gran calado para quien debía conducirla ya sin la tutela presidencial.
La transición dotó a la FGR de amplísimas capacidades de investigación para que sus policías y agentes pudieran integrar expedientes más robustos, facilitó sus mecanismos de coordinación con todas las dependencias de gobierno, y le permitió mayores niveles de vinculación con las instituciones de inteligencia para que la alertaran sobre la comisión de actos criminales de gran impacto y le allegaran información que pudiera llevar a la identificación de los involucrados, la determinación de su modus operandi, sus redes de protección interna, sus estructuras y vínculos internacionales.
En días pasados, el titular de la FGR declaró que la UIF le ha venido presentando un creciente número de denuncias -que pasan de 200-, pero que éstas no se han hecho acompañar de las pruebas suficientes, y que ello los pone en una situación difícil porque no tienen la capacidad institucional para obtenerlas ni para hacer pesquisas por su cuenta.
Dicha afirmación desveló dramáticamente, que lejos estamos de haber fortalecido las capacidades de investigación de los ministerios públicos, evidenciando, para sorpresa de muchos, el poco conocimiento del Fiscal sobre la naturaleza y el ámbito de actuación de las áreas de inteligencia del país, los asuntos centrales para el combate a la corrupción en el país, y lo más grave, su desconocimiento de las responsabilidades de la FGR a su cargo.
Las áreas de inteligencia, dado el carácter de sus actividades, son concentradoras de información y no generadoras de la misma, de tal suerte que cuando la UIF realiza el seguimiento y análisis de casos, y ello deriva en la presentación de denuncias, tiene el deber de soportarlas con los datos precisos de la información de origen, para que la FGR pueda solicitarla al área que corresponda, pues aunque dependan de la SHCP, la UIF, el SAT, la CNVB y Aduanas manejan sus archivos de forma independiente.
Así, si se denuncia lavado de dinero a través de la compra de bienes inmuebles, a la IUF le correspondería señalar fecha, lugar, sujetos y modalidades de adquisición de una propiedad, aunque de acuerdo con las declaraciones del Fiscal esto no sería suficiente para mover la maquinaria de la FGR al no haber adjuntado copia de la escritura pública en poder de alguna notaría, o la constancia de inscripción en el registro público.
Dado que la investigación de los delitos federales corresponde constitucionalmente a la FGR, sobre ella cae la responsabilidad de realizar la conversión de la información aportada por la inteligencia financiera e, incluso, naval, militar y nacional, para que dichos insumos, que por ley no tienen valor probatorio, puedan adquirir el carácter de pruebas plenas y soportar las acusaciones penales.
En este sentido, exigir que todas y cada una de las denuncias estén sustentadas en documentales directas como actas constitutivas, facturas o estados de cuenta, es tanto como reconocerle a la UIF una naturaleza distinta, imponerle deberes que no tiene asignados por la ley y asimilarla a un Ministerio Público, lo cual supone, al mismo tiempo, la renuncia al ejercicio de las propias competencias, y la merma del papel desempeñado por la FGR en infracción directa del orden constitucional.
Estando las cosas como están, no podemos darnos el lujo de condenar a la FGR a la irrelevancia institucional, sea porque no ha construido las capacidades institucionales para investigar, no ha creado los puentes de comunicación necesarios con las áreas de inteligencia o, en el extremo, por no estar actualizada en las modernas herramientas que orbitan sobre el inmenso poder de acusar.
El combate a la corrupción, más allá de constituir la principal apuesta presidencial, es una exigencia que reposa sobre las instituciones mexicanas, de donde deriva el compromiso de que la solvencia con la que se presentan las denuncias tenga su correspondencia solidaria en la eficacia de las indagaciones y en su éxito judicial. Para ello son muy necesarias las inteligencias, pero aun más, las responsabilidades, así como la plena convicción de lo que compete a cada quien, y de los asuntos que implican una recíproca colaboración.
