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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), sigue la ruta del dinero que al menos 3 mil mexicanos movieron a paraísos fiscales, entre ellos funcionarios del actual gobierno, en el caso conocido como Pandora papers.
Ayer, el titular de la UIF, Santiago Nieto, informó a través de Twitter que la unidad a su cargo ya investiga el caso como parte de la lucha anticorrupción emprendida por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Hemos visto la investigación periodística denominada Pandora papers. La UIF ya inició la investigación en México, cumpliendo con el compromiso del Presidente @lopezobrador_ de combatir la corrupción. Por ello insistimos en que es necesario avanzar en identificar beneficiarios finales”, escribió.
A consulta de EL UNIVERSAL la UIF indicó que en este caso deberá seguir la ruta del dinero supuestamente utilizado en negocios offshore. Fuentes consultadas indicaron además que hasta el momento se tiene certeza de la existencia de operaciones inusuales o irrelevantes, pero que aún se desconoce si los recursos son de origen ilegal.
El caso Pandora papers surgió de una filtración masiva de 11.9 millones de documentos a escala global obtenida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y publicada en México por Quinto Elemento Lab.
La investigación refiere que negocios offshore de al menos 3 mil mexicanos movieron fortunas a paraísos fiscales en contubernio con bancos, asesores y despachos legales.
Destacó que entre los nombres que surgieron durante la investigación del ICIJ están Julio Scherer, exconsejero jurídico de la Presidencia y quien, hasta hace unas semanas era considerado uno de los hombres más cercanos al Ejecutivo; Jorge Arganis Díaz Leal, secretario de Comunicaciones y Transportes; el senador morenista Armando Guadiana y Julia Abdala, pareja de Manuel Bartlett, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El esquema descrito por la investigación indica que mexicanos crearon sociedades de papel para comprar lujosas propiedades, aviones y yates, pagar menos impuestos, administrar fortunas y herencias, gestionar inversiones, abrir cuentas bancarias y ahorrar las utilidades de los negocios.
Scherer es señalado porque en marzo de 2011 recibió 50 mil acciones de una sociedad de papel en las Islas Vírgenes Británicas llamada 3202 Turn Ltd, que controlaba a otra empresa de Florida, denominada 3202 Turn LLC, propietaria de un condominio en Miami, Estados Unidos, valuado en 1.5 millones de dólares.
Guadiana es señalado por crear en 2007 un fideicomiso de 50 mil acciones de Atlantic Industries International Limited, empresa basada en las Islas Vírgenes Británicas y cuyos gestores de activos son los integrantes del despacho panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee.
Para registrar el fideicomiso, el morenista afirmó que su ingreso anual eran 600 mil dólares y que su patrimonio superaba 28 millones de dólares distribuidos en empresas mineras, inversiones y propiedades, tras designar a sus hijos como beneficiarios.
Arganis aparece como dueño de la empresa Desbond Finance Limited, con sede en las Islas Vírgenes Británicas y registrada desde febrero de 1998, un mes después de que el funcionario ingresó a la Secretaría de Obras y Servicios de la capital. Desde ese año y hasta mayo de 2003, cuando era funcionario del gobierno de López Obrador en la capital, Arganis dispuso de un poder general sobre la empresa.
Abdala aparece porque se convirtió en accionista offshore cuando Bartlett Díaz despachaba como senador y es dueña de 10 mil acciones de una sociedad panameña de papel que no tiene empleados ni oficinas. En el caso de México también aparecen nombres de siete políticos, además de los hijos y hermanos de exgobernadores priistas y panistas, miembros actuales de gabinetes estatales e integrantes del PVEM, por lo que las investigaciones de la UIF también los incluirán.
Los funcionarios mencionados en la investigación y que, por ley, están obligados a hacer públicas sus declaraciones patrimoniales, han omitido consignar que participan en sociedades asentadas en paraísos fiscales.
Además, la investigación expone los negocios extraterritoriales del rey de Jordania y de los presidentes de Ecuador, Chile y República Dominicana.
