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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México informó este domingo que presentó formalmente una sexta denuncia por corrupción en contra de Emilio Lozoya , exdirector de la petrolera estatal Pemex, implicado en el caso de Odebrecht.
En un comunicado, el organismo precisó que la denuncia implica a 11 personas físicas más, además de 33 morales por los delitos de corrupción política y desvío de recursos públicos mientras fue director de la estatal.
Lozoya, quien dirigió Pemex entre 2012 y 2016, bajo la Presidencia de Enrique Peña Nieto (2012-2018), fue extraditado el año pasado desde España a México, donde afronta dos procesos judiciales en libertad.
Uno por haber recibido presuntamente 10,5 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de contratos de obras públicas en los estados de Hidalgo, Tamaulipas y Veracruz.
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El otro juicio es por comprar presuntamente la planta inservible de fertilizantes Agronitrogenados al director de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, a cambio de un soborno con el que se compró una lujosa casa en la capital.
De acuerdo con la UIF, se identificó un esquema de lavado de dinero en Pemex entre los años 2012 y 2016 por medio de contratos otorgados a 34 empresas relacionadas con Odebrecht, por millonarias cantidades de dinero, que se integraron en tres niveles de operación para favorecer a servidores públicos mexicanos y posiblemente financiar campañas políticas.
Detalló que en el primer grupo de operaciones, las empresas fueron receptoras de los recursos públicos erogados por Pemex y organismos gubernamentales de forma injustificada y todas ellas guardan relación con Odebrecht.
Destacó especialmente una empresa, de la cual no especificó el nombre, a la cual entre 2014 y 2016 se le realizaron transferencias por más de 3.000 millones pesos (unos 150 millones de dólares) “supuestamente por la prestación del servicio de “construcción” a favor del gobierno federal.”
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Sin embargo, puntualizó, dichos servicios no fueron realizados, “por lo que posiblemente fue parte de la mecánica de las operaciones.”
La UIF
detectó también un segundo grupo de empresas que recibieron recursos del primer grupo para transaccionar y estratificar los fondos mediante un esquema de triangulación de recursos, para posteriormente enviarlos a empresas con características de fachada.
Estas empresas, de acuerdo con la información proporcionada, se encargaron de difuminar los rastros de los activos ilícitos mediante un esquema de dispersión de recursos, por medio del retiro masivo de efectivo en zonas donde se llevaron a cabo comicios electorales, como en Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo y Ciudad de México.
Y señaló que la capital mexicana pudiera estar relacionada con los pagos derivados de sobornos a favor de Emilio Lozoya.
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El 17 de julio de 2020, el exfuncionario fue extraditado y tras ello cerró un acuerdo con la Fiscalía para afrontar sus procesos judiciales fuera de la cárcel a cambio de denunciar en la trama de corrupción a 70 personas de la elite política mexicana.
En su extensa denuncia, el exdirector de Pemex implicó en sus actividades ilícitas a Peña Nieto y su secretario de Hacienda Luis Videgaray, así como a los expresidentes Felipe Calderón (2006-2012), y a Carlos Salinas de Gortari (1988-1994).
Además de a varios legisladores de la oposición - entre ellos los actuales gobernadores de Querétaro y de Tamaulipas, Francisco Domínguez y Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a quienes acusó de diversos sobornos.
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