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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) cabildea en el Senado las reformas que faltan para que México cumpla con sus compromisos internacionales de persecución y prevención del lavado de dinero.
El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, se reunió el pasado miércoles con los senadores Ricardo Monreal Ávila y Miguel Ángel Mancera Espinosa para plantear modificaciones legales a fin de ir contra los beneficiarios de la corrupción y la delincuencia organizada en el país.
Con estas reformas, la UIF busca establecer mecanismos legales para fiscalizar a personas políticamente expuestas, mayor control de sujetos obligados por actividades vulnerables como corredores públicos, vendedores de arte, de joyas y autos, y la incorporación de un tipo penal para sancionar a testaferros.
Las modificaciones planteadas por Nieto Castillo se enfocan en la Ley de Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, pues México tiene como compromiso el cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) a más tardar el próximo 18 de diciembre, razón por la que la reforma es necesaria para ello.
“De las 16 recomendaciones que México tiene como parcialmente cumplidas o no cumplidas, podríamos cumplir cinco. Si la reforma se aprueba podríamos llegar a 11 y estaríamos superando la actual calificación que tiene México”, señaló Nieto Castillo.
“He planteado a los coordinadores de los grupos parlamentarios con que me he reunido que este asunto no es de personas, no es de gobierno, no es de partidos sino del Estado mexicano, es cumplir con los estándares internacionales”, agregó.
Expuso que la UIF también busca que el financiamiento al terrorismo implique la sanción a personas jurídicas o morales y no sólo a personas físicas.
Esto, a pesar de que en el territorio nacional no se han detectado casos de terrorismo o algún tipo de transaccionalidad que pudiera dar lugar a una investigación relacionada con esta actividad, dijo.
De acuerdo con la Evaluación Nacional de Riesgos que la UIF dio a conocer en septiembre pasado, la posición geográfica de México, la porosidad de sus fronteras, el tráfico ilícito de migrantes a Estados Unidos, la corrupción y la proliferación de organizaciones criminales pueden, en determinado momento, facilitar la realización del terrorismo y su financiamiento.
Aunque no forma parte de las recomendaciones de GAFI, Nieto Castillo destacó la importancia de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la UIF, tenga un representante en el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
Desde inicios de este año, el titular de la UIF ha impulsado este tipo de reformas en el marco de la próxima evaluación que realizará GAFI a México.
La semana pasada, el Senado aprobó una reforma con la que la UIF puede bloquear y congelar las cuentas de personas señaladas por terrorismo o lavado de dinero sin necesidad de autorización judicial previa.
