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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha presentado ante la Fiscalía General de la República (FGR) 12 denuncias que involucran a 95 personas físicas y morales relacionadas con el outsourcing ilegal.
Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, afirmó que el objetivo es dar seguimiento a los procesos de reforma que ha impulsado el presidente Andrés Manuel López Obrador en materia laboral, a fin de mejorar la transparencia sindical y eliminar el outsoursing. “El problema que hemos visto con esta práctica es la violación de los derechos de los trabajadores, particularmente con antigüedad y la posibilidad de acceso a la vivienda y seguridad social”, expuso el funcionario.
Ayer, la UIF y la Confederación Internacional de Trabajadores (CIT) firmaron un convenio de colaboración para prevenir las operaciones con recursos de procedencia ilícita e impulsar la transparencia en las organizaciones sindicales adheridas a dicho gremio.
El líder de la CIT, el senador y dirigente minero Napoleón Gómez Urrutia, destacó que se trata de un “histórico y único convenio que traza los mecanismos con los que trabajaremos arduamente para establecer los candados que permitan asegurar una transparencia”.
Indicó que desde hace dos años iniciaron las acciones para transparentar los ingresos y egresos de manera puntual, para garantizar la prevención del lavado de dinero en los sindicatos que integran la CIT: “Así como nuestra organización se ha caracterizado por exigir el respeto irrestricto a los derechos laborales, reconocemos nuestra obligación de rendir cuentas a los agremiados”.
Gómez Urrutia consideró que se abre camino para que otros grupos sindicales y empresariales asuman su responsabilidad con la rendición de cuentas para mejorar la vida pública del país. “Este paso va de la mano de la reforma que regula la subcontratación, pues todas la organizaciones, empresas y sindicatos debemos asumir nuestra responsabilidad por actuar con transparencia y honestidad”.
El 13 de abril, el pleno de la Cámara Baja aprobó la reforma presidencial para regular el outsourcing, que es cuando una persona física o moral pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra.
