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En los casos Odebrecht, La Estafa Maestra, la compra de un astillero español y de la planta de Agro Nitrogenados existen señalamientos contra el exdirector de Pemex Emilio Lozoya por actos de corrupción.
Dos de esas investigaciones fueron judicializadas, se trata de Odebrecht y Agro Nitrogenados, mientras que el resto de las denuncias permanecen aún en investigación por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda y la Fiscalía General de la República (FGR).
Por Odebrecht, Lozoya está imputado de recibir, de manos de Luis de Meneses Weyll, exdirector de la constructora brasileña en México, 10.5 millones de dólares en sobornos con los que presuntamente se financió la campaña electoral de Enrique Peña Nieto a la Presidencia (2012) a cambio de que, si el priista ganaba, el gobierno federal adjudicaría contratos de obra pública a dicha empresa.
Según la FGR, la gestión de Lozoya sobre los sobornos de Odebrecht le significaron a la firma una ganancia de 39 millones de dólares. Otra pesquisa que es del conocimiento de un juez federal es la de la compraventa irregular de la planta fertilizante Agro Nitrogenados.
En este asunto, Lozoya está vinculado a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, pues la FGR lo señaló por recibir previamente transferencias millonarias por parte de Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, que vendió la planta.
Así, este dinero sirvió para que Lozoya, como director de Pemex, impulsara y apoyara la compra de la planta a sobreprecio, pese a que llevaba 14 años inactiva y 60% de sus bienes fue- ron clasificados como chatarra.
EL UNIVERSAL informó que por esta operación la Auditoría Superior de la Federación presentó una denuncia contra Lozoya y los integrantes del Consejo de Administración de Pemex, quienes no hicieron nada para evitar la compra de la planta que provocó un quebranto millonario a Pemex.
La UIF mantiene abierta otra pesquisa contra Lozoya por la compra de un astillero. Se trata de la adquisición de 51% de las acciones de Barreras de Vigo, en la comunidad de Galicia, España, que generó un daño a Pemex por 50 millones de euros.
Fuentes federales confirmaron que la UIF indaga los movimientos financieros de Lozoya debido a que él recomendó al consejo adquirirlo, pese a que la firma propietaria estaba en riesgo de quiebra.
