La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) prepara diversas denuncias contra Jesús Murillo Karam, exprocurador General de la República, y diversos exfuncionarios de la Visitaduría General por uso indebido de atribuciones y facultades derivado de un posible desvío de más de 102 millones de pesos.
Fuentes federales informaron que la UIF, encabezada por Santiago Nieto, indaga el origen y destino de los recursos federales que la entonces Procuraduría General de la República gastó entre 2013 y 2014 pero que no justificó y que hasta ahora no se sabe bien dónde quedaron.
Parte del dinero cuyo destino se desconoce fue repartido entre 189 informantes que recibieron más de 8 millones de pesos y por concepto de gratificaciones extraordinarias, entre las que destaca el pago de más de un millón de pesos a un excolaborador del exgobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa.
Esto es debido a que el dinero investigado forma parte de la partida de Gastos de Seguridad Pública y Nacional, a la que en total fueron asignados 144 millones 586 mil 662.11 pesos entre 2013 y 2014, mismos que debieron ser erogados por la Visitaduría General y de los cuales falta por justificar el gasto de 102 millones 519 mil 297 pesos.
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Documentos a los que tuvo acceso EL UNIVERSAL señalan que las autoridades no han podido identificar en qué fueron usados los más de 102 millones de pesos.
De acuerdo con las pesquisas, la PGR tiene 296 expedientes de actas circunstanciadas en los que intentó justificar el gasto de ese monto, que se dividió en pagos a informantes, operaciones encubiertas, gastos de investigación, apoyo a víctimas, gratificaciones extraordinarias por apoyo en funciones especiales/colaboradores especiales y en traslado de detenidos.
En los expedientes consta que la mayor parte del dinero fue erogado en el concepto de gastos de investigación con un total de 57 millones 390 mil 115 pesos, mientras que otros 28 millones 85 mil 625 pesos fueron destinados a operaciones encubiertas.
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En los dos años investigados, la extinta PGR pagó también 8 millones 77 mil pesos a diversos informantes, 6 millones 384 mil pesos fueron destinados al apoyo a víctimas, 2 millones 367 mil 557 pesos fueron para gratificaciones extraordinarias y 215 mil pesos para el tras-lado de detenidos.
El dinero destinado a los informantes, 8 millones 77 mil pesos, fue repartido entre 189 seudónimos que recibieron un promedio de pagos de 42 mil 735 pesos, el máximo de los cuales fue de 63 mil 500 pesos y el mínimo de 30 mil pesos.
La documentación con la que la UIF realiza sus pesquisas destaca que en el periodo investigado 14 personas recibieron los 2 millones 367 mil 557 pesos destinados a las gratificaciones extraordinarias.
Cinco de esas personas trabajaron en la PGR entre 2013 y 2014; sin embargo, quien recibió el monto más elevado, de un millón 200 mil pesos, fue José Contreras Mantecón, un antiguo colaborador del exgobernador veracruzano Javier Duarte de Ochoa.
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No obstante, de los 296 expedientes con los que se trató de justificar el gasto de esta partida sólo 96 hacen referencia a la Visitaduría General, área a la que fueron asignados estos recursos, y amparan 23 millones 918 mil 147 pesos.
De esos más de 23 millones, el gasto se repartió entre pagos a informantes, 2 millones 535 mil pesos; operaciones encubiertas, 2 millones 925 mil pesos; gastos de investigación de PFM, 18 millones 243 mil 147 pesos, y traslado de detenidos, 215 mil pesos.
Estos rubros, según los reportes, son manejados como confidenciales, razón por la que la PGR utilizó ese concepto para justificar la inexistencia de facturas o recibos; sin embargo, de los análisis de inteligencia se desprende que las investigaciones de la Visitaduría General en ese periodo no aumentaron ni arrojaron mejores resultados.
Por ello, la UIF además de investigar los desvíos dentro de la Visitaduría General inició una indagatoria sobre los gastos de esta partida en las diferentes oficinas.
