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El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados presentó una petición formal para que la Secretaría de la Función Pública, la Comisión Federal de Competencia, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Órgano Interno de Control, estos dos últimos de la Secretaría de Hacienda, investiguen a Luis Arturo Castañeda Rebolledo, quien fuera hasta enero pasado jefe de la Unidad de Legislación Tributaria de Hacienda.
A través de un punto de acuerdo que se presentó este jueves en la Gaceta Parlamentaria, el diputado de Morena Agustín García Rubio solicitó a estas instancias investigar a Castañeda Rebolledo por haber laborado en un área tan sensible de Hacienda, con información privilegiada, y ahora ser “socio” de la firma internacional de consultoría y auditorías PricewaterhouseCoopers.
El legislador de Morena también solicitó analizar una posible violación a la recientemente aprobada Ley Federal de Austeridad Republicana, que impulsó el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que prohíbe que cualquier ciudadano que haya trabajado en la administración pública federal en un puesto de alto nivel, trabaje en empresas privadas en los siguientes 10 años.
El diputado de Morena presume que Castañeda Rebolledo trabajó por más de 21 años en la Secretaría de Hacienda, en el área de la Unidad de Legislación Tributaria, y que tenía nueve tareas sustanciales: recibía información sensible y diseñaba la estructura que permite la operación de la administración pública.
Incluso, el legislador de Morena también solicita una sanción para la firma internacional, en caso de comprobarse el vínculo.
“Los diputados de Morena estamos convencidos de que las cosas no pueden seguir igual en el país. Apoyamos la iniciativa del Presidente, porque consideramos que no es dable que funcionarios de alto nivel, aprovechándose de los conocimientos y experiencia adquiridos en la administración pública, se conviertan en precursores de la defensa de aquellas empresas que traen asuntos que puedan derivar en un perjuicio de las instituciones del país.
“Es por ello que se considera que es momento de que tomen cartas en el asunto para garantizar la aplicabilidad de la ley que esta soberanía aprobó a finales del año pasado”, explica el legislador de Morena.
En su exposición de motivos, García Rubio también menciona que en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se establece que para ocupar cualquier empleo, cargo o comisión en algún ente público, las personas interesadas se verán obligadas a separarse legalmente de los activos e intereses económicos particulares que estén relacionados con la materia o afecten directamente el ejercicio de sus responsabilidades públicas.
Y “los servidores públicos comprendidos en los grupos jerárquicos de mando superior a que se refiere el manual de percepciones previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del gobierno federal, que por cualquier motivo se separen de su cargo, no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público, salvo que hubiesen transcurrido al menos 10 años. Con ello, se establece un mecanismo para evitar irregularidades o que información prioritaria para el Estado llegue a manos del sector privado”, detalla el diputado.
El legislador acusa que el extitular de la Unidad de Legislación Tributaria de Hacienda fue contratado como socio en la prestigiada firma de consultoría internacional dedicada a auditorías, asesoramiento legal y fiscal, PricewaterhouseCoopers, teniendo incluso su primera participación en un acto público (Agenda de México 2020: USMCA/T-MEC, Outsourcing & Tax Reform).
Por eso, Morena exhortó a dichas dependencias para que investiguen e informen a la Cámara de Diputados sobre la posible violación a la reciente Ley Federal de Austeridad Republicana.
“Pues en el supuesto de que se acrediten las violaciones a los diversos ordenamientos legales vigentes, se abre una enorme puerta para sancionar a PricewaterhouseCoopers y al exfuncionario mencionado, porque no podemos tolerar que en esta Cuarta Transformación las cosas sigan igual”, define el diputado.
“Es tan delicado el caso, que la sanción pueda no sólo ser administrativa, como lo prevé la Ley Federal de Austeridad Republicana, ya que ante la posibilidad de que la existencia de una relación con la consultora internacional y el ciudadano Luis Arturo Castañeda resulte ser más antigua y que haya sido económicamente beneficiosa para ambas partes, se estaría en presencia de actos [en los] que la Unidad de Inteligencia Financiera, así como la Comisión Federal de Competencia Económica deben intervenir en el ámbito de sus competencias”, define.
Y agrega: “En una situación como la que se hace referencia puede haber violaciones que impliquen un daño no sólo a la administración pública, sino que constituyan actos de competencia desleal entre empresas, al tener como miembro de su consultoría a una persona que posee información que pueda ser utilizada de manera ventajosa, así como contar con amistades en la propia área que hayan sido contratados o promovido en su momento por él”, asegura el diputado.
