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La Fiscalía General de la República (FGR) deberá esperar un mes para formular imputación al excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya Cortés, por los delitos de cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero.
Durante la audiencia inicial que estaba programada ayer, Anaya Cortés acreditó ante el juez de Control Gustavo Aquiles Villaseñor, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, que no ha tenido acceso a la carpeta de investigación.
Por ello, la Fiscalía General de la República no pudo formular su imputación y el juez reprogramó la diligencia para el próximo 4 de octubre a las 9:00 horas.
Durante la diligencia de ayer, la FGR informó que Anaya Cortés abandonó el país rumbo a Texas, Estados Unidos y que, según los registros migratorios, no ha regresado a México.
Por ello, los fiscales señalaron al juez que no podían formular su imputación debido a que aunque la audiencia se realizó de manera virtual, Anaya Cortés tiene obligación de estar en territorio mexicano.
En su resolución, el juez dio a la FGR un término de 15 días para entregar copias de la carpeta de investigación a los abogados del panista Ricardo Anaya.
Añadió que aunque la audiencia se realice de modo virtual, todas las partes deben conectarse dentro de territorio nacional.
El pasado fin de semana, Anaya Cortés dio a conocer que “al considerarme víctima de una persecución política por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, estaré fuera un tiempo”.
La acusación de la FGR está basada en la denuncia presentada el 11 de agosto de 2020 por Emilio Lozoya en la que afirmó que “el excandidato presidencial recibió 6 millones 800 mil pesos de soborno para la aprobación de la reforma energética”.
Fue integrada en la causa penal número 16/2021, misma que incluye el caso contra el exsenador panista Jorge Luis Lavalle Maury, actualmente vinculado a proceso por cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero, y sujeto a prisión preventiva justificada en el Reclusorio Norte.
En su denuncia, Lozoya Austin, exdirector general de Pemex, afirmó que Luis Videgaray Caso, exsecretario de Hacienda y Crédito Público en la administración de Enrique Peña Nieto, le instruyó en el año 2014 recibir a Anaya Cortés y entregarle los más de 6 millones de pesos por su voto a favor de la reforma energética.
Lozoya Austin detalló que ese dinero Anaya Cortés lo utilizaría para financiar su campaña para la gubernatura de Querétaro.
La FGR también tiene contra Anaya Cortés los testimonios de Froylán Gracia y Miguel Pérez Esquivel, excolaboradores de Lozoya Austin, quienes afirmaron que el panista se reunió varias ocasiones con el exdirector de Pemex, así como la declaración de Norberto Gallardo, exjefe de escoltas de Lozoya Austin, quien aseguró que entregó el dinero a Anaya Cortés en la Cámara de Diputados.
Además, la FGR indicó que entre los datos de prueba que cuenta contra Anaya Cortés, está el voto que emitió en diciembre de 2013 a favor de la reforma energética.
A la audiencia se presentó personal de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), cuyo titular, Santiago Nieto, afirmó que colaborarán con la fiscalía en lo que sea requerido sobre este caso.
Dulce María Sauri, presidenta de la Mesa Directiva de San Lázaro, informó que la FGR también notificó a la Cámara de Diputados como parte ofendida en el caso contra Anaya Cortés, por lo que el responsable jurídico del Palacio Legislativo compareció virtualmente a la audiencia.
Sin embargo, previo a la develación de la placa de la Legislatura de la Paridad de Género, Sauri Riancho dijo que la Cámara Baja aún desconoce el expediente contra Anaya Cortés y que dicho cuerpo legislativo no ha sido requerido para aportar información al caso.
La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados advirtió que el voto de Anaya Cortés a favor de la reforma energética no puede ser utilizado como prueba en su contra, pues está prohibido por el artículo 61 de la Constitución.
