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La bancada de Morena en la Cámara de Diputados presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la Fiscalía General de la República (FGR) para que investiguen la licitud del origen del financiamiento de la plataforma de comunicación Latinus, donde colaboran el periodista Carlos Loret de Mola y el conductor Víctor Trujillo Brozo.
A través del documento publicado en la Gaceta Parlamentaria, la diputada morenista Reyna Celeste Ascencio Ortega sugiere que el medio de comunicación podría estar financiado con recursos de procedencia ilícita provenientes de funcionarios del gobierno de Michoacán, entre ellos, el gobernador Silvano Aureoles Conejo (PRD).
“La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que se investigue la presunta participación del gobernador de Michoacán y funcionarios de esa administración que podrían estar aportando recursos de procedencia ilícita a la plataforma de comunicación conocida como Latinus”, dice el primer resolutivo del punto de acuerdo.
“Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía General de la República para que investigue la posible participación del gobernador de Michoacán y funcionarios de ese gobierno que presuntamente podrían estar aportando recursos de procedencia ilícita a la plataforma de comunicación conocida como Latinus”, detalla el documento.
En este contexto, la legisladora de Morena describe que desde 2007 el mandato constitucional fue muy claro en el sentido de que no se puede acceder a la radio y televisión con fines electorales, y para mejor referencia se transcribe la parte conducente del artículo 41 constitucional:
“Los partidos políticos y los candidatos en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión. Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular. Queda prohibida la transmisión en territorio nacional de este tipo de mensajes contratados en el extranjero”, señala.
