El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo, informó que se avanza en la presentación de 51 denuncias por delitos relacionados con la subcontratación laboral cometidos por empresas del sector.
En entrevista después de la primera mesa de alto nivel que organizó el Senado de la República para discutir el tema, Nieto Castillo fue cuestionado sobre el tema, luego de que se acusara a algunas empresas de estar relacionadas con prácticas “factureras”.
“Ahorita estamos trabajando 51 denuncias, 30 por empresas fachada, 16 por facturación falsa y estamos en cinco sobre outsourcing ilegal. Es la información que puedo dar por el momento”, detalló.
Explicó que las prácticas que más han encontrado en el esquema conocido como outsourcing ilegal son la negación del reparto de utilidades, la afectación a la antigüedad laboral, que toca los rubros de pensiones, y el acceso a la vivienda.
“Impide a los trabajadores subcontratados tener un acceso a la vivienda de la misma forma y con la misma velocidad que los demás trabajadores. La idea de invalidación de contratos para evitar el cumplimiento de ciertas obligaciones repara en eso”, indicó.
Prisión a factureros
Por su parte, el procurador fiscal, Carlos Romero Aranda, advirtió que las empresas conocidas como factureras que realizaron esta práctica en enero ya pueden ser juzgadas por el mismo bajo el esquema de prisión preventiva oficiosa.
Eso, explicó, porque quienes compraron facturas en enero “con el fin de no pagar cuotas de seguridad social, no pagar impuestos o pagar derechos laborales” ya tuvieron que haberlo declarado en febrero, por lo que aplica la medida preventiva.
“Ya se puede hablar de un delito que amerita prisión preventiva oficiosa, que es el delito de defraudación fiscal por violación, un delito que viola la seguridad nacional”, dijo, y detalló que estas sanciones podrían tener efectos este año.
Santiago Nieto detalló que el grupo de trabajo establecido entre la Procuraduría Fiscal, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y la UIF ha detectado las tres conductas por las que ya se alistan denuncias: empresas fantasma, facturación ilegal y outsourcing ilegal.
“El SAT habla de 324 mil millones de pesos en defraudación fiscal por facturación simulada y recientemente ha alistado 977 empresas en la lista de 69-b, y hay que analizar cada uno de los casos porque podríamos estar en presencia de lavado de dinero”, señaló.
Nieto Castillo advirtió que México tiene “la necesidad urgente de solicitar su recalificación ante el Grupo de Acción Financiera Internacional”, y uno de los requisitos sería combatir malas estructuras financieras y construir mejores marcos normativos.
“Creemos que esta es una gran oportunidad para poder revisar estos tres elementos negativos, la comisión de delitos fiscales y financieros, la afectación de la defraudación en materia fiscal, la evasión fiscal, y la afectación a los trabajadores”, añadió.
Caso Lozoya
Sobre las investigaciones en contra del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya, Santiago Nieto dijo que no tienen evidencia ni pistas de que éste haya estado relacionado con lavado de dinero para la mafia rusa.
También se refirió a la posible defraudación fiscal por parte de algunos clubes de futbol y dijo que la UIF ya trabaja con la Liga MX para corroborar que los equipos tengan en orden sus declaraciones fiscales, y espera tener respuesta en los próximos meses.
