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A través de una carta dirigida a la opinión pública, la familia Weinberg decidió responder a las acusaciones en su contra en el caso del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
La carta difundida por el periodista Ciro Gómez Leyva en su cuenta de Twitter se señala que los contratos que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) considera como “ilegales” o “fraudulentos” han sido revisados por la Auditoría Superior de la Federación, de quien no fueron notificados de alguna irregularidad.
“Durante las auditorías se constataron las facultades legales de todos los funcionarios y apoderados vinculados a los contratos, así como la utilidad de los entregables. Claramente en ningún momento existió un desvío de recursos”.
Detallaron que los contratos formalizados “fueron adjudicados con el otorgamiento de fianzas de garantía y cumplimiento y el objetivo fue cumplido de manera satisfactoria como consta en las actas de entrega-recepción”.
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Indicaron que tras la investigación sobre dichos contratos y las operaciones financieras de proyectos han cooperado con las autoridades.
UIF expone red de corrupción de García Luna
La aclaración por parte de la familia Weinberg se da luego de que el 9 de febrero, durante la conferencia matutina del presidente López Obrador, el titular de la UIF, Pablo Gómez, expusiera que durante su cargo como secretario de Seguridad, García Luna tejió una red de corrupción y lavado de dinero.
“Bajo auspicio de García Luna, un conglomerado empresarial familiar que opera en distintos países obtuvo 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México, a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos por un monto de 745.9 millones de dólares, y sigue el examen de otras operaciones, no hemos terminado”, indicó.
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Explicó que los recursos fueron transferidos al extranjero mediante paraísos fiscales y aplicados a adquisición de bienes muebles e inmuebles y otros activos.
Entre las personas demandadas, señaló, se encuentran García Luna, Linda Cristina Pereyra de García Luna, Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, Sylvia Donna Pinto de Weinberg, Natan Wancier Taub, José Francisco Niembro González y Martha Virginia Nieto Guerrero de Niembro.
“Hay una lista de 44 empresas que fueron utilizadas en esta trama de corrupción”, detalló.
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