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Un juez federal ordenó al excandidato presidencial por el PAN Ricardo Anaya que se presente físicamente a la audiencia en la que la Fiscalía General de la República (FGR) lo imputará por cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero. Sin embargo, la diligencia se realizará hasta enero del próximo año.
Ayer estaba programada la audiencia inicial ante el juez de Control, Marco Antonio Fuerte Tapia, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, quien advirtió a Anaya que si no se presenta el 31 de enero de 2022 de manera física, la FGR podrá solicitar orden de aprehensión en su contra.
En la audiencia, la FGR esperaba formular imputación contra el excandidato presidencial por supuestamente recibir un soborno de 6.8 millones de pesos para votar a favor de la reforma energética de Enrique Peña Nieto.
Sin embargo, Eduardo Aguilar, abogado de Anaya, informó al juez que debido a que la carpeta de investigación cuenta con 137 mil hojas, en un cálculo de lectura de ocho horas diarias, se requieren 284 días para terminar de revisar, por lo que solicitó aplazar la audiencia por tercera ocasión.
“La acusación es absurda y completamente falsa y necesito tiempo para demostrarlo”, dijo el abogado.
El juzgador preguntó a la FGR, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Cámara de Diputados, que compareció como víctima, sobre la petición del abogado de Anaya, y éstos indicaron que no se oponían a la petición.
En consecuencia el juez fijó la audiencia a las 9:00 horas del 31 de enero de 2022 y consideró que existen condiciones para realizar la comparecencia de imputación de manera presencial, por lo que recordó a Anaya que si no se presenta, se le puede hacer efectiva cualquier medida de apremio prevista en la ley.
Esta es la tercera ocasión en la que la FGR intenta imputar a Anaya y no lo logra.
El caso contra Anaya derivó de la denuncia presentada por Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, en la que señaló a 70 personas por actos de corrupción y con la que busca que la FGR le otorgue un criterio de oportunidad para librar las acusaciones por Odebrecht y Agro Nitrogenados.
