La defensa legal de Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), señaló que nunca antes una autoridad del Gobierno federal había hecho referencia a una supuesta “mordida” de 8.4 millones de dólares, esto en respuesta al comunicado que difundió la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) el viernes pasado en el que precisó los delitos del ex funcionario.
En el comunicado la UIF indicó que Lozoya recibió como “mordida” de parte del vendedor Altos Hornos de México, representado por Alonso Ancira, una cantidad de al menos 8.4 millones de dólares a través de triangulaciones internacionales de lavado de dinero.
Los abogados Alejandro Rojas y Miguel Ontiveros resaltaron que esta afirmación no tiene antecedente alguno, por lo que resulta inaceptable y consideraron indispensable que la UIF verifique su información.
“En relación con, otro, supuesto soborno de 3.4 millones de dólares recibido a través de AHMSA, está acreditado que dicho monto obedece a proyectos realizados por Lozoya Austin antes de ser servidor público y que fue recibido tiempo antes de asumir la Dirección General de Pemex. Ya se ha puesto en evidencia que no puede afirmarse delito de corrupción alguno en este caso”, detalló la Defensa en una carta a la opinión pública.
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Indicaron que en relación con la venta de Agronitrogenados, no existe a escala administrativa investigación alguna relativa a la compra-venta de esta Planta de Fertilizantes. Todo el proceso fue auditado y validado por las autoridades administrativas.
Los litigantes resaltaron que la documentación correspondiente obra en la carpeta de investigación.
En relación con el contrato de Tula I, indicaron que las mismas autoridades han afirmado, en audiencia y frente al Juez de Control, que estuvo perfectamente ejecutado, por lo que no se desprende elemento alguno relativo a algún tipo de responsabilidad administrativa, mercantil o penal.
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“Finalmente, en relación con los contratos de Salamanca y Tula II, éstos no forman parte de procedimiento alguno vinculado a Emilio Lozoya Austin. Nuevamente, resulta indispensable que la autoridad verifique la información correspondiente.
“De todo lo anterior se desprende que el monto de 30 millones de dólares exigido a Lozoya Austin como supuesta reparación del daño, es fruto de una decisión unilateral y sin basamento técnico”, enfatizaron.
Los litigantes manifestaron que, en audiencia pública ante el juez de control, los representantes del gobierno de México no pudieron explicar su origen, lo que provocó los legítimos reclamos de nuestro representado.
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