La Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH) aseguró que el congelamiento de cuentas es una medida extrema que debe revisarse caso por caso, así como cuidar que la autoridad no abuse de ésta.
“Hay que tener mucho cuidado de no abusar de esta atribución que tiene la autoridad para no afectar al outsourcing legal”, manifestó el presidente de la asociación, Pablo Lezama.
En entrevista con EL UNIVERSAL, señaló que en ciertas situaciones es una medida fuerte, pero necesaria. Por ejemplo, cuando tiene que ver con el lavado de dinero.
Se trata de una medida a favor de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que en su opinión se debe revisar caso por caso.
Además, tiene que estar bien fundamentada para que pueda funcionar como acción cautelar.
Afirmó que en la AMECH no han tenido ninguna empresa agremiada a la que se le haya congelado una cuenta.
Se mencionó a una, pero resultó ser una persona física y el gremio sólo agrupa a empresas, aclaró.
El representante de las 27 empresas de capital humano que operan en la legalidad señaló que compiten de manera desleal contra unas 6 mil firmas de outsourcing que operan, de acuerdo con estimaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), mismas que aprovechan esta figura para evadir contribuciones fiscales y de seguridad social.
De la propuesta para certificar a las empresas contenida en la iniciativa de ley para regular el outsourcing que impulsa el senador Napoleón Gómez Urrutia, consideró que debería estar a cargo de los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Lista negra. El SAT, a través de la SHCP, dio a conocer ayer el listado global de las firmas que simulan operaciones al cierre de la primera quincena de este mes.
Hay un total de 99, entre empresas y personas físicas, a las que se les envió un oficio para informarles que se encontraban como presuntos factureros, después la notificación se publicó en la página del SAT; luego, en el Diario Oficial de la Federación y, finalmente, en un listado con una resolución definitiva que implica que no lograron o no hicieron nada por desvirtuar el señalamiento.
