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Con 14 años de vida y ante los pocos resultados efectivos que se han obtenido en la lucha contra el lavado de dinero, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) necesita una reforma para dotarla de autonomía de gestión y que los estados cuenten con su propia instancia antilavado, afirmó la senadora del PAN, Minerva Hernández.
En entrevista con EL UNIVERSAL, destacó que a pesar de que el país cuenta con un nuevo esquema jurídico en materia de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, lamentablemente aún no se ha reflejado en grandes resultados al respecto.
Afirmó que de cara al nuevo Sistema Nacional Anticorrupción se requiere transformar la UIF, instancia que fue creada en 2004 y a la que no se ha fortalecido desde entonces.
Estableció que si bien la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), conocida como ley antilavado, es un buen comienzo para advertir, investigar y perseguir este delito, en la práctica las disposiciones reglamentarias han causado la poca efectividad de la ley.
Señaló que prueba de ello es que diversos sectores de la sociedad han expresado su desaprobación ante los excesos en la normatividad secundaria, pues lejos de garantizar su aplicación se derivaron distintas controversias.
“La UIF está supeditada a la Secretaría de Hacienda en todos los aspectos: estructural y presupuestalmente, no tiene una autonomía propia, sino que todas sus funciones están regidas y supervisadas al margen de Hacienda”, afirmó.
La iniciativa se turnó a las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda, que preside Ana Lilia Rivera, y en los próximos días será analizada.
Dijo que si bien el modelo es acorde con lo que recomienda el Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales, en México es inoperante.
“Es necesario transformar esta institución para que funcione como una verdadera agencia de investigación en el combate del lavado de dinero”, advirtió la legisladora.
Refirió que en España la ley de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo contempla la operación de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias que depende de la Secretaría de Economía, es decir que en la legislación española se le reconoce como un órgano de investigación.
Por eso, la senadora del PAN propone que la UIF sea incorporada a la LFPIORPI y no limitarse al reglamento de la Secretaría de Hacienda.
Así, las atribuciones referidas a Hacienda serán ahora de la UIF, adicionándose como nueva facultad la relativa a la coordinación de los mecanismos de recepción y análisis de información en materia de lavado de dinero, y el establecimiento de reglas y procedimientos comunes para la prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
También propone que los funcionarios de la UIF y de la Unidad Especializada en Análisis Financiero (UEAF) de la Procuraduría General de la República (PGR) sean capacitados en materia anticorrupción mediante la acreditación de cursos de prevención y combate al flagelo.
Se propone reformar la Ley Orgánica del Congreso para que la Mesa Directiva del Senado tenga como facultad ratificar el nombramiento del titular de la UIF, que actualmente es designado por el secretario de Hacienda.
Con la finalidad de contribuir a los contrapesos entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, se propone reformar la misma ley para establecer como obligación de la Cámara de Diputados una comparecencia conjunta del titular de la SHCP y de la UIF.
