Más Información
Encontró a su hijo en una fosa clandestina en un monte, al norte de Sinaloa, hace cinco meses. Ya habían transcurrido tres años y medio de haberlo perdido, justo a 10 kilómetros al sur de donde lo desenterró. Ella es Mirna Nereida Quiñonez, profesora retirada de preescolar, a quien el dolor por la pérdida la llevó a ser líder de 594 familias en los municipios de Choix, El Fuerte, Ahome y Guasave. En tres años han encontrado 111 cuerpos, 11 de ellos el pasado domingo 19 de noviembre, de los que 88 han sido identificados y entregados a sus familiares.
De las víctimas que trabajan con ella en las búsquedas, sólo 60 lograron tener contacto con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y de ahí menos de la mitad pudieron entrar al Registro Nacional de Víctimas, y desde hace un año esperan ser incorporadas al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.
“Las víctimas nunca nos vamos a terminar. Las desapariciones van a seguir. Las víctimas vamos a ir creciendo… necesitamos otro tipo de medidas. No todos los estados tienen comisión [de atención a víctimas]. La realidad es que la comisión está rebasada, necesita más personal, gente más capacitada, y necesita trabajar y hacer las cosas con más rapidez. Para tener los apoyos a los que tenemos derecho y que sabemos que hay, hay con qué se nos apoye, eso no se nos puede negar”, subraya Quiñonez.
Desde que se dio el decreto presidencial para la constitución de la CEAV, en 2014, se han registrado 11 mil víctimas en México, de acuerdo con información obtenida vía transparencia por EL UNIVERSAL. Uno de cada tres registros es por desaparición. En la lista le siguen: asesinato, secuestro, trata de personas y lesiones. Del total de las solicitudes de acceso a los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, por compensación recibida, que representan 10% de víctimas registradas, sólo 45% se atendieron y el resto se mantiene en etapa de integración.
En 2015 se recibieron 65 solicitudes, 318 en 2016 y en lo que va de 2017 hay más de 200. El número de personas atendidas por la CEAV en su existencia se aglutina en la zona centro del país. La Ciudad de México y el Estado de México concentran 55% de las víctimas, con 4 mil 24 y 2 mil 337, respectivamente. Le siguen Guerrero, con mil 401; Tamaulipas, con 749, y Oaxaca con 507. El promedio por entidad es de 340, el máximo está en la Ciudad de México y el mínimo en Campeche, con cuatro.
La figura de la víctima en términos jurídicos se da a partir de los cambios constitucionales de 2008, con la reforma general que incorpora a la misma dentro del proceso constitucional en el artículo 20. Después, con la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, en el artículo 1, y unos meses más tarde con el surgimiento de la Ley General de Víctimas, impulsada por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, encabezado por el poeta y activista Javier Sicilia.
Entonces se vivían los picos de violencia ocasionados por la guerra contra el narcotráfico decretada por el presidente Felipe Calderón. A más de 10 años de esa decisión, se cuentan más de 100 mil asesinatos y más de 30 mil desaparecidos.
Araceli es parte del 10% de víctimas que han recibido una reparación del daño, como se estipula en la Ley General de Víctimas. Su hijo, policía federal, desapareció en noviembre de 2009. Tras siete años de crear un expediente, meter papeles en las oficinas y llevar un registro del caso, obtuvo la reparación, pero señala: “No es reparación del daño, porque esa jamás va a llegar, es la compensación monetaria que marca la Ley General de Víctimas”. Tuvo contacto con la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas del Delito (Províctima) y participó en la transición hacia el establecimiento de la CEAV.
El proceso de obtener la compensación fue desgastante por todo el papeleo: “Al fondo no pueden entrar todos si no hay una acta de defunción, si no hay acta de presunción de muerte, como es mi caso, la emitió un juez y fue la única manera en que pueden acceder las víctimas. Este es uno de los procesos que no alcanzamos a entender las víctimas. Siempre se los dije, yo voy a tramitar esto sólo para salvaguardar los bienes de mi hijo, pero jamás voy a dejar de buscarlo y voy a seguir exigiendo conocer el paradero de mi hijo con vida”.
Rezagos en la comisión
El funcionamiento de la CEAV, para Sicilia: “Ha sido bastante complicado. En primer lugar, el hecho de que dependa de la Secretaría de Gobernación la hace una institución que no tiene la libertad adecuada para ponerse al servicio absoluto de las víctimas. Hay una aberración porque la Ley de Atención a Víctimas y la CEAV, que es su organismo ejecutor, pues es una ley de víctimas del delito y de la violación a los derechos humanos. Curiosamente de quien depende esta institución y la ejecución de esa ley es Gobernación y quien viola derechos humanos es el Estado. Entonces ahí hay una aberración, ¿no?”.
Sobre la información obtenida vía transparencia por esta casa editorial, el director de I(dh)eas, asociación civil especializada en litigio en derechos humanos, Juan Carlos Gutiérrez, duda sobre el número de casos solventados.
“Tenemos un caso en el que una víctima de tortura solicitó la reparación del daño hace aproximadamente cuatro o cinco meses y no habíamos tenido respuesta, entonces ahí el punto es que el sistema de atención no depende exclusivamente de la CEAV, del ámbito federal. ¿Qué es lo que está pasando? hace unos días leímos que algunas familias de Tamaulipas, por ejemplo, estaban aquí en la Ciudad de México exigiendo que la CEAV actuara y tienen todo el derecho de hacerlo, pero la pregunta es ¿dónde está el estado de Tamaulipas? Entonces, lo que ha habido es una sobrecarga terrible de toda la impunidad, de la desatención. Las entidades federativas no han creado comisiones de atención a víctimas y básicamente es muy complicado, porque se están lavando las manos para que las víctimas en sus propias jurisdicciones tengan que salir a buscar la reparación en el ámbito federal y ahí hay un problema fuerte, porque no estamos viendo a las entidades estatales y estamos viendo a la CEAV”.
Actualmente, la CEAV tiene oficinas en 17 estados: Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Veracruz y Yucatán.
Este año se autorizó la creación de las delegaciones para atención a víctimas en los 15 estados restantes. La CEAV sólo consta de 34 abogados en la oficina central y 30 más regionales para atender miles de casos. A fines de este año se espera que lleguen a 80. En las oficinas que se abrirán a partir de 2018, el personal por estado variará entre cuatro y 10 personas.
Año con año se crean fondos de emergencia en la comisión; en 2014 se creó uno, para 2015 se hicieron cuatro más, en 2016 otros cuatro y en lo que va de 2017 se han establecido seis más. Un total de 15 fondos de emergencia que van desde gastos funerarios, de alimentación, médicos, de alojamiento, de “ayuda inmediata” en Tierra Caliente, Veracruz, de transporte de emergencia, apoyo a víctimas indirectas por casos de desaparición, de traslado, víctimas defensoras de derechos humanos y periodistas, afectados por secuestro y a menores de edad víctimas de violaciones a sus derechos.
“Cada vez hay más víctimas y cada vez más hay un Estado omiso en crear verdaderamente una estructura democrática y un andamiaje de paz. Entonces, ese organismo va a estar constantemente rebasado. Vivimos en un contexto de tragedia humanitaria. Estamos quizá hasta peor que Siria en la acumulación de los delitos y en la ausencia de justicia. Peor que Siria e incluso peor que Venezuela, ¿no? Creo que es uno de los países con más crímenes, con más víctimas, con más ausencia de Estado para atender el problema. Es más, yo diría que el Estado se volvió parte y cómplice de este desastre, de esta criminalidad”, sentencia Sicilia.
Los pagos efectuados con cargo al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral al 30 de septiembre de 2017, son a mil 337 mujeres y 749 hombres.
La cantidad entregada a estas víctimas es de 333 millones de pesos. Los pagos van desde 50 mil pesos hasta 2 millones y medio de pesos, dependiendo de lo que sufrió la víctima y bajo qué estándares fue clasificado: violación de derechos humanos cometida por autoridad federal, o comisión del delito del orden federal.
En todo el sexenio se ha pagado más en contratos en servicios para las oficinas y funcionarios públicos que en la reparación del daño. En los contratos registrados en Compranet se exponen 405 millones de pesos en el sexenio. Destacan ahí los contratos más costosos por “apoyo técnico administrativo”, que sumaron 36 millones de pesos en un año por “servicio integral de red local, red amplia, seguridad perimetral y telefonía” (18 millones), así como servicio de limpieza en instalaciones, por 8 millones de pesos.
México es uno de los países que tiene un mayor avance en términos normativos de reconocimiento de la condición de víctimas: “No existe en ninguna otra parte de Centroamérica o en Sudamérica, en cuanto a reconocimiento normativo. Ahora no se puede hacer una comparación normativa de los desarrollos que ha tenido Colombia o que han tenido algunos otros países, pero el tema tiene que ver con la cantidad de víctimas que existe en México, que es sumamente superior en relación a víctimas de derechos humanos o del delito respecto a otros países”, explica el abogado Gutiérrez.
Día a día se descubren nuevas víctimas y la apuesta del Estado, indica Sicilia, es la normalización, “al grado que ya se vuelva parte de la vida, si es que puede llamar vida a eso. Aceptar el infierno y que las cosas son así”.
Mirna Nereida, quien encontró a su hijo, sigue los miércoles y domingos de cada semana yendo a los montes y brechas de Sinaloa para encontrar a los familiares de cientos de víctimas. Las mujeres que forman el movimiento Rastreadoras del Fuerte reciben capacitación de antropología forense en México y fuera del país, en espera de volverse expertas para cuando sea necesario abrir la tierra y “encontrar lo que nunca se debió de haber ido”.
