Este es el segundo municipio con el índice de desarrollo humano más bajo de América Latina, por debajo de los países que integran el África Subsahariana. El que ocupa el quinceavo lugar entre los más pobres, a nivel nacional, de acuerdo con el Coneval.

Es también el municipio del estado de Guerrero donde “sus hombres” llegan a pagar hasta 180 mil pesos por una adolescente para hacerla “su mujer”. O bien, los padres pagan esta cantidad para que sus hijos tengan una esposa virgen y menor de 15 años. Generalmente en contra de su voluntad y violando su derecho a decidir si quieren o no hacer vida en pareja y con quién.

De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, en los últimos 17 años, unas 300 mujeres han tenido que casarse bajo estas condiciones.

—Si es mayor se dice “que no la quieren para puta” —dice el comisario de Yuvi’ nani, Melitón Hernández—, un pueblo tu’un savi de Metlatónoc que, como su nombre lo dice, está a la orilla de un arroyo largo.

“Es una vieja práctica que no podemos erradicar, aunque la ley dice que la práctica se configura como un delito, específicamente de trata de personas”, dice sin mayor congoja el asesor del síndico de Metlatónoc, el abogado Serafín Nava Ortiz.

Violencia en cifra negra

No hay cifras oficiales del número de casos de este tipo en la Montaña de Guerrero, donde la práctica de pagar una dote por la futura esposa sigue vigente, sobre todo entre la población de origen tu’un savi que tiene mayor presencia en Cochoapa el Grande y Metlatónoc (donde hasta 99.6% habla su lengua madre, según el Inegi). El dato más próximo es el de Tlachinollan, con sede en Tlapa, ciudad centro de la región.

La abogada Neil Arias, asesora desde esta ONG a mujeres que quieren romper con esta práctica, sea porque están en matrimonios que fueron arreglados mediante acuerdos monetarios y son violentadas o porque no quieren casarse bajo estas condiciones pero no hallan cómo evitarlo.

Neil tiene 17 años colaborando con Tlachinollan. “En estos años he mediado en más de 100 casos con los padres para que cambien de parecer. Desde que se creó Tlachinollan, hace 23 años, se registró este fenómeno”.

Como Neil, hay dos abogadas más —también hay tres hombres que llevan asuntos más de varones—. Cada una tiene registro similar. La abogada habla de los casos de mujeres que se han negado a casar a temprana edad y que recurren a ellos para que medien con sus padres y hacerlos cambiar de parecer. En apariencia se logra, el problema es que no se sabe qué pasa cuando salen de esas oficinas. Por eso Neil se pregunta: ¿cuántos matrimonios terminan consumándose y cuántos casos quedan sin registrarse? No se sabe. Es una cifra negra. Los casos siguen siendo constantes.

Atentado contra su cuerpo y dignidad

En su informe anual 2017, Tlachinollan destaca que si bien la práctica es una costumbre entre los pueblos indígenas, ésta ha perdido su esencia y termina en un intercambio comercial que atenta contra el cuerpo y la dignidad de las mujeres. “La dote tradicional ha trastocado la integridad y seguridad de las niñas, adolescentes y mujeres indígenas, porque la esencia de esta práctica ancestral se ha transformado a un intercambio comercial que se da entre dos partes, lo que podría derivar en el delito de trata de personas”.

Tlachinollan documenta que abundan testimonios de niñas y mujeres donde narran que han sido víctimas de este tipo de arreglos económicos entre su padre y el padre de su futuro esposo. El acuerdo se da en contra de su voluntad y con cantidades de dinero muy altas. Son tratadas como objeto, como propiedad del esposo, dándole derechos de acceso carnal sin consentimiento previo.

La tarde del 20 de julio, Sabina, de 16 años, indígena tu’un savi, se fue de su casa. Eran las seis de la tarde cuando llegó a casa de Gregoria, su abuela paterna, en el pueblo de Tepecocatlán, en Atlamalcingo del Monte, en la montaña. Llegó y pidió que la dejara vivir con ella porque su madre quería casarla y ella no lo deseaba porque quería seguir estudiando. La abuela le dio la razón, se la llevó a Tlapa.

Al siguiente día fueron al Juzgado de Paz de la ciudad para dejar en claro en acta judicial que Sabina se había ido de manera voluntaria y los motivos para hacerlo. Su madre, Natividad, le había dicho que lo mejor sería que se casara porque ya no podía con los gastos.

Sabina le respondió que seguiría estudiando y que si ya no podía ayudarla entonces iba a trabajar. Su madre no dejó espacio para negarse porque todo estaba arreglado: “No, lo mejor es que te cases”. Así que la mañana del jueves 20 de julio, Sabina fue avisada por su madre que ese día irían por ella. Volvió a negarse; dijo que no quería, que no era su gusto casarse ahora. El asunto para Natividad no tenía más discusión, así que por la tarde la adolescente se fue a casa de su abuela y le contó lo que pasaba.

En el Juzgado de Paz de Tlapa, el 21 de julio al mediodía, doña Gregoria dejó claro que como Sabina es menor de edad no quería tener problemas con su madre —que hace años fue su nuera—, y que si la está ayudando es porque es su deber protegerla. A Natividad, madre de Sabina no le quedó más que aceptarlo. Recriminó, sí, que durante 16 años ella la mantuvo y no recibió nada como retribución.

A Tlachinollan llegan muchos casos así: el síndico de Cochoapa el Grande, Rutilo Ortega Maldonado, que obligó a unos padres a devolver 120 mil pesos de una dote que se pagó hace años porque su hija, Micaela, se regresó a vivir con ellos luego de que Celso, su marido, se fue a trabajar a Estados Unidos y no ha vuelto. Al final, luego de arreglarse, los padres de Micaela sólo devolvieron 30 mil pesos pero a ella le quitaron a su hijo. O como el encarcelamiento de una pareja de muchachos, Jesús y Francisca, también en Cochoapa el Grande, porque él se negó a pagar 260 mil pesos que le exigía el tío que crió a Francisca. En castigo, el tío denunció a ambos y ahora están en la cárcel.

Juan Francisco Torija purgó una pena de siete años por trata de personas en la cárcel de Tlapa. Salió apenas en 2016. Fue porque compró por 50 mil pesos a Flora, una adolescente de 14 años. La compró, dijo en su descargo cuando fue juzgado en 2009, de buena fe, de acuerdo con sus usos y costumbres. Juan es tu’un savi y compró a Flora para que su hijo Melquiades tuviera mujer.

El problema es que se la compró a Braulio Sánchez Locadio, un hombre que no era nada para ella y que, de acuerdo con el expediente del caso atentido por Tlachinollan, la había raptado y violado desde hacía medio año. Flora estaba perdida y sus padres dieron con ella cuando supieron que trabajaba en una casa en Tlapa, o al menos cuando Braulio se la entregó a Juan y éste le dio el dinero. Le dijo que allí iba a trabajar, que fuera obediente y que le iban a pagar bien para luego, si quería, podía ir a su casa. Era noviembre de 2008, para mediados de diciembre, Flora pidió que le pagaran porque iría a su pueblo. Entonces Juan le dijo que no podía irse porque había pagado 50 mil pesos por ella, que si quería irse tendría que devolver el dinero.

Flora estuvo en esta condición durante más de nueve meses, hasta que sus padres denunciaron el caso y Juan, que para entonces tenía 70 años, fue detenido. Braulio, quien la raptó, la violó y la vendió, nunca pisó la cárcel porque huyó tan pronto inició el proceso judicial.

Sobre el comisario y... ¿cómo pagan?

En la casa del comisario de Yuvi’ nani, Melitón Hernández, se oye una discusión. Hay un niño de poco más de 1 año en jeans de mezclilla, camisa, tenis y tirantes. Muy dandy el niño sobre un corredor de suelo bruto. Hay gallinas picoteando el suelo a unos pasos del pretil donde se platica con don Melitón. Su esposa, una mujer mayor que se asoma silenciosa de vez en vez del vano de la puerta.

Quienes discuten son el hijo del comisario con su nuera, cuyos nombres no quiso dar. Discutir es decir mucho, tal vez, el chico de 20 años regaña a la chica de 17 por algo que no se entiende porque la discusión es en ñuu’savi. Melitón tampoco presta demasiada atención. Hace tres años que pagó por su nuera 110 mil pesos. En ese entonces ella tenía apenas 14.

—Es costumbre —asume y luego cuenta que por la mujer de su hijo mayor, hace más años aún, pagó 130 mil.

—¿Dónde consiguen dinero?

—Yo estuve del otro lado. Traje de allá como 300 mil pesos y con eso —dice.

Afuera de la casa de adobe y teja, construida en la única calle pavimentada del pueblo hay dos camionetas, una Estaquitas y otra Ford, cabina y cuatro plazas. “Esa la traje de allá, del otro lado, pues”. No todos los pobladores tienen la misma suerte, ni modo de vida. Aunque sí, todos tienen que pagar si quieren una esposa joven.

—¿Cómo le hacen los demás para pagar?

—Venden los chivos, los marranos, la tierrita. Lo que sea con tal de cumplir, si no el hijo se queda.

También muchos hombres se dedican al cultivo de amapola. Lo dice el comisario sin bajar la voz, como cuando se dice que siembran frijol y maíz... en verano llueve tanto que el cultivo se pudre. La amapola no.

—En Tlachinollan —se le pregunta— dicen que hubo intención de reglamentar el pago de dote en este pueblo ¿qué pasó?

—No. Eso fue en Juquila [pueblo de Metlatónoc a cuatro horas de la cabecera municipal], sí, hace un año, pero no prosperó. Aquí se quiso hacer porque dijeron que estaban cobrando mucho, 100 a 150 mil, pero ahora que creo que le bajaron a 50 o 60 mil. También en el pueblo [en la cabecera] pero más caro: 160 a 180 mil pesos por la muchacha

Durante la entrevista la esposa del comisario, señora morena, más bien desaliñada, de unos 50 años, le alcanza agua en una jícara de plástico. No se oye en qué momento se la pide pero él la recibe sin dejar de hablar y le da dos tragos largos. El agua escurre por su cuello hasta llegar a su pecho agreste que muestra por entre la camisa abierta.

—¿Y usted pagó dote por su mujer?

—Sí, 50 pesos. Fue hace como 55 años.

Pelo suelto, balanza en mano, ojos vendados

Pasan de las 17:OO horas y el ayuntamiento de Metlátonoc está vacío. Unos policías bostezan en la entrada con la camisa suelta. El síndico no está y no tiene planes de regresar, según se oye desde la radio con el que su asesor le dice que lo buscan en su despacho.

Sabido esto, Serafín Nava Ortiz, el joven asesor de apenas 25 años, explica: “Para nosotros, la autoridad, esa práctica es un delito —dice y mira el Código Penal de Guerrero—, que tiene a un lado del escritorio, donde también, muy erguida, hay una estatuilla de una mujer de pelo suelto con una balanza en la mano y los ojos vendados.

Serafín dice que han tenido que intervenir en muchos casos porque los padres de las s exigen el pago. Piden arriba de 100 mil pesos y muchas veces el novio o sus padres no los tienen. De ese modo no hay boda, dicen.

—¿Y acceden?

—En la mayoría de los casos, sí.

El tema es más complejo de lo que se puede apreciar a lo lejos. Si bien se trata de una añeja costumbre, ha ido cambiando con los años y se ha transformado en una recompensa a los padres por los gastos generados por la manutención se la hija, dice Serafín Nava. Y no se puede erradicar. Al contrario, cada vez llegan los padres más exigentes para que se les pague.

Dice que los familiares tienen la idea que si el futuro esposo o los padres de éste no pagan por la mujer, entonces la abandonan así de fácil. “Si les cuesta, al menos lo piensan”.