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En la descripción se lee: “17 años, complexión delgada, tez apiñonada, cara ovalada y cejas pobladas. Visto por última vez en Ecatepec de Morelos”. Su nombre es Diego y fue secuestrado el 4 de septiembre de 2015. Cuatro meses después de una negociación fallida, entró a la lista de los más de 4 mil mexicanos que fueron reportados como desaparecidos en 2016, de acuerdo con los datos del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) del fuero común.
En 2011, en el gobierno de Felipe Calderón, esta estadística tocó su tope más alto: 4 mil 41 casos en todo el país. Desde 2007 hasta julio de 2017, se registraron 31 mil 707 desapariciones. Pero en 2016 se tuvo un nuevo récord: 4 mil 951 nuevos expedientes. Todos los días, 14 mexicanos se sumaron a esta lista.
De 2007 a 2012, en el sexenio de Calderón, estos datos presentaron picos en las edades de 21, 26, 31 y 36 años. Más de mil 700 desaparecidos entraban en algunos de esos criterios. Pero en el actual sexenio este parámetro dio un giro: los adolescentes de 14 a 17 años se volvieron más vulnerables y encabezaron la lista con 2 mil 944 desapariciones en ese rango de edad. Una cuarta parte del total de los registros de 2013 a julio de 2017 no superan los 18 años.
Los especialistas alertan sobre este fenómeno. “Los varones están siendo usados como informantes, los llamados halcones, o para el procesamiento de sustancias en laboratorios. Es una especie de esclavitud laboral”, explica Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).
La suerte de las mujeres que desaparecen no es mejor. “Es muy probable que sean víctimas de varios delitos, entre ellos la trata de personas. Sobre todo en el caso de las menores, ellas son usadas para explotación sexual”, dice Martín Barrón Cruz, investigador del Instituto de Ciencias Penales (Inacipe).
Esta tendencia no se mostró durante los años de gobierno de Calderón. De 2007 a 2012, apenas 10% de los casos que se reportaron tenían una víctima menor de 17 años, es decir, mil 540. Pero en el actual gobierno, los números cambiaron. En 2016, año en el que Diego, de 16, entró a la lista de desaparecidos, otros 279 menores con la misma edad se sumaron al registro. De ellos, en 100 casos se reportó que fueron vistos por última vez en el Estado de México.
Pasaron más de dos años desde el día en que no se supo de Diego, pero su madre recuerda paso a paso todo lo que ocurrió. Este joven, que cursaba apenas el segundo año de preparatoria, le llamó al salir de la escuela para avisar que se encontraría con unos amigos. No hubo más. Nunca llegó a su lugar de destino. Horas después, Verónica, su mamá, descolgó el teléfono sin saber que alguien del otro lado de la línea le exigiría dinero por la vida de su hijo.
Al inicio no lo creyó. Todo parecía una mala broma. Una segunda llamada le confirmó sus peores temores. Después de horas de negociaciones, en las que intervino la Policía Federal, los delincuentes aceptaron una de las ofertas. De Ecatepec, Estado de México, se trasladaron a Tecomatlán, Puebla. El dinero se entregó, pero Diego no apareció. “Nos dijeron que al otro día lo iban a dejar. Pero nos mintieron. Nunca lo liberaron. Desde ahí se perdió el contacto”, recuerda entre lágrimas Verónica.
Pasaron meses sin que esta madre tuviera una nueva respuesta. La SEIDO, autoridad encargada de los casos relacionados con crimen organizado, le pidió paciencia y que esperara. Ninguna de las dos era viable para ella. En enero de 2016, 16 semanas después, se decidió que Diego se integrara a la lista de desaparecidos en México. Un registro que, hasta ahora, no muestra toda la problemática. “Han habido algunos esfuerzos por mejorar los procesos de incorporación de casos, pero el problema de origen es que mezclas muchos fenómenos en una sola base. Ahí encuentras desde la desaparición forzada hasta el secuestro”, explica Alejandro Hope, especialista en seguridad.
Cada vez más jóvenes
De 2007 a 2012, las desapariciones de mexicanos de 26 y 21 años fueron las primeras de la lista. Cada año, en promedio, desaparecieron 81 jóvenes de algunas de estas dos edades. Incluso, en los últimos 12 meses de gobierno de Calderón, la cifra más alta fue de 103 registros con una edad de 31 años. Pero en los últimos cinco años, los patrones cambiaron y estos rangos bajaron hasta el sexto y octavo lugar.
Los niños han sido los principales afectados de esta estrategia fallida contra el crimen organizado, señala el director de Redim. “El número de menores desaparecidos se triplicó en esta administración”, asegura. En 2016, se tiene el registro de mil 422 mexicanos de cero a 17 años que están desaparecidos. Esta cifra equivale a 90% del total de los que se reportaron en el sexenio de Calderón.
Esta nueva dinámica delincuencial es más cruda que en años anteriores y miembros de organizaciones civiles lo observan como una forma de “fabricar delincuentes en potencia”. “Si desapareces jóvenes, terminas con la generación siguiente y adelantas la muerte de sus padres”, asegura con tristeza Juan Carlos Trujillo, cofundador de Familiares en Búsqueda María Herrera, AC.
Este tipo de desapariciones se concentraba en estados del norte, como Tamaulipas y Nuevo León, pero de 2013 a la fecha el Estado de México se convirtió en la entidad con el mayor número de reportes, con mil casos. Este punto del territorio mexicano puede considerarse “sin temor a equivocarnos, el reino de la impunidad. Lo que hagas ahí no tiene consecuencia”, afirma Juan Martín Pérez.
Los números muestran una realidad grave. De 2013 a julio de 2017, los casos de desapariciones de cero a 17 años llegaron a los 4 mil 339. Es decir que todos los días se reporta la desaparición de cuatro menores en México.
Una guerra contra los números
Aunque el RNPED contabiliza los registros de mexicanos desaparecidos desde 1968, 98% de los casos pertenecen a la última década. Y a pesar de constantes actualizaciones, hay elementos clave, como el tipo de desaparición, que siguen sin incluirse en el sitio. Nadie tiene un conocimiento específico de la forma en la que se perdió el rastro de los más de 30 mil mexicanos que están en la lista.
En un esfuerzo por visibilizar esta situación, la organización Data Cívica se dio a la tarea de poner rostro y nombre a cada uno de los desaparecidos. Una de las grandes inconsistencias que saltó a la vista fue que en 308 casos no encontraron ni un solo dato que les permitiera determinar siquiera si la víctima era hombre o mujer. “Esto te habla de fiscalías que no tienen la capacidad de conocer datos tan básicos como el sexo de las personas que han desaparecido”, explica Mónica Meltis, directora ejecutiva de Data Cívica.
Para las asociaciones civiles esta es la gran lucha: que las desapariciones dejen de ser algo normal en México y que los números muestren la realidad que está agobiando a miles de familias mexicanas. “El gobierno ya borró sus nombres y sus rostros, pero ahora pareciera que también quiere quitar los registros”, asegura Juan Carlos.
Verónica lleva más de dos años buscando a Diego. Tres secuestradores fueron detenidos y sentenciados. Ninguno ha querido decir si su hijo está vivo o muerto. Mientras tanto, Verónica sigue visitando semefos, hospitales y procuradurías. “Creo que los delincuentes continúan haciéndolo porque no hay un seguimiento para encontrar a las personas y ya es muy fácil desaparecer a alguien”, relata.
Hoy más que nunca hay una necesidad por averiguar el destino de sus familiares. “Esto es importante en términos de memoria, pero también para medir realmente el problema de desaparecidos”, recalca Mónica Meltis.
