Hace algunos años creía que, a pesar de las resistencias institucionales, el caso de la desaparición de los estudiantes de la Normal Isidro Burgos sería resuelto. Creía que las series, películas o libros que se harán en los próximos años sobre el tema cerrarían de una forma diferente a las historias, por ejemplo, del caso Colosio o Paco Stanley, y no porque sean iguales en gravedad, sino porque comparten la indignación de la sociedad mexicana y el supuesto actuar de las autoridades. Pero todo termina en lo mismo: no hay verdad, nadie sabe por qué sucedió, quién lo planeó u ordenó. Los que lo saben, lo ocultan.
Estos días el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ha cerrado su participación en el caso. Desde su primer informe dejaron ver que la desaparición de los estudiantes no se hizo posible de un día para otro, sino que había todo un contexto de macrocriminalidad que involucraba actores estatales y no estatales; y por lo tanto había que profundizar en ello.
En su último informe, el GIEI presenta una variedad de información sobre los obstáculos que se les presentaron para conocer a los datos que ellos suponían abrirían los caminos de la verdad.
Un dato revelador vertido en el informe es que Justo un día antes de la desaparición de los normalistas se emitió un oficio institucional militar en Guerrero que ordena “elaborar un diagnóstico de la situación que prevalece en su jurisdicción con motivo de la próxima conmemoración de los hechos registrados el 02/10/68. Así mismo deberá informar oportunamente sobre el desarrollo de los eventos que se presenten en jurisdicción por dicha conmemoración, emitiendo su opinión y remitiendo fotografías y material que se ha distribuido con motivo del desarrollo de los mismos […] debiendo mantener estricto seguimiento a las actividades programadas por diferentes organizaciones sociales sindicales y estudiantiles con presencia en ese sector bajo su mando”.
En atención a esa orden, hay un informe del ejército del 25 de septiembre en el que se relata que los estudiantes de la Normal “arribaron a la altura del kilómetro 127 del tramo carretero Iguala-Chilpancingo. Como referencia a inmediaciones de la comunidad rancho del cura, municipio de Iguala, Gro., a bordo de un autobús a la empresa “estrella de oro”, con número económico 1531, color blanco con verde, lugar en el cual se encuentran solicitando cooperación voluntaria a los automovilistas que transitan por el lugar y extrayendo combustible (diésel) a diferentes tractocamiones camiones y autobuses; (se anexan fotografías), seguirá se informando”. Un día después, todos los estudiantes que iban a bordo de ese autobús serían desaparecidos.
El GIEI remata esta información con otro dato contundente. El día de los hechos, 26 de septiembre, la orden de dar seguimiento estaba siendo atendida: “hasta que los jóvenes llegan a las afueras de Iguala, el registro es constante. Sin embargo, no se ha proporcionado ningún reporte de su entrada en la estación de buses ni de los ataques sufridos. Se produce un apagón en la información militar de SEDENA y de CISEN, de la Policía Estatal y Federal.
Todo esto es contrario a la necesaria existencia fílmica, fotográfica y documental de los hechos del 26-27 de septiembre que debe existir, porque se ordenó recabarla, enviarla y protegerla”.
Cuando el gobierno de López Obrador llegue a su último mes se cumplirán 10 años de la desaparición de los normalistas. El informe del GIEI deja una larga lista de pendientes, pero hay una tarea prioritaria para el gobierno de Andrés Manuel: tienen un año para dejar de concentrarse en lo que hicieron las policías municipales, los sicarios de medio pelo e incluso “los mandos” criminales. Hay una institución que tenía una orden clara de recabar información y, al menos el GIEI, no la conoció. El ocultamiento no es accidental.
@MaiteAzuela