En 12 días se cumplirán 9 años de la desaparición de los estudiantes normalistas durante la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014. Si alguien me lo pregunta, nunca pasó por mi mente que un caso que causó tanta inquietud en la sociedad siga sin resolverse 9 años después, luego de la intervención de dos gobiernos que se presumen distintos.
Recuerdo el asombro de la sociedad de aquel sábado 27 y domingo 28 de septiembre del 2014. La imagen de uno de los estudiantes con el rostro desollado que recorría las redes sociales era desgarradora. Luego, por ahí del lunes o martes se confirmó que eran 43 los estudiantes desaparecidos y que otros dos más estaban gravemente heridos en el hospital. Aquello, rápidamente se transformó en una indignación nacional e internacional como no se ha vuelto a ver en algún otro caso posterior, pese a que los ha habido y en circunstancias similares. Las calles se inundaban de ciudadanas y ciudadanos exigiendo la presentación con vida de los normalistas desaparecidos. ¿Qué cambió para la ciudadanía? ¿La impotencia ante el dolor nos hace cerrar los ojos y seguir esperando que la tragedia que tocó la vida de muchas familias no alcance la de otras?
Parece poco tiempo el que ha pasado, pero es indispensable no olvidar esos primeros días y la reacción del gobierno de Enrique Peña Nieto para entender las promesas incumplidas del gobierno de Andrés Manuel. Hay un dato importante en estos tiempos electorales: una parte de las personas que nacieron en el 2000 y todas las que nacieron entre el 2001 y 2006 votarán por primera vez en 2024. Cuando sucedió Ayotzinapa, estas y estos jóvenes tenían entre 8 y 14 años. Debemos hacer todo lo posible para que Ayotzinapa no pase desapercibido en la historia del tiempo presente de esos jóvenes.
Un acontecimiento tan importante no puede quedar a la suerte de que la sociedad lo recordará o que los jóvenes en algún momento lo sabrán a través de una serie. Por eso, vale la pena hablar del tema hasta en tanto no haya un resultado que satisfaga a los padres y madres de los 43 y, por qué no, a la sociedad en su conjunto.
Durante el resto de 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 la sociedad testificó un ir y venir en el gobierno de Peña Nieto que se casó con una versión, resistiéndose a investigar lo que los organismos internacionales y las organizaciones que acompañan legalmente a las familias les exigían. Nunca hay que olvidar esas palabras apresuradas de Jesús Murillo Karam cuando habían pasado solo cuatro meses de la desaparición, en la conferencia de prensa de enero 2015: “estos y muchos otros elementos aportados durante la investigación, permitieron realizar un análisis lógico-causal y sin lugar a dudas los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al Río San Juan en ese orden. Esta es la verdad histórica de los hechos […] no hay una sola evidencia de que haya intervenido el ejército”. Con este discurso el exprocurador pretendía dar por concluida la investigación.
Llegó Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia e increíblemente en la primera mañanera anunció lo siguiente: “Hoy, a las 10 de la mañana, voy a firmar un acuerdo para iniciar el proceso de búsqueda y de justicia en el caso de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, como fue un compromiso que hicimos durante la campaña. Están ustedes invitados a ese acto y van a conocer las características de esta Comisión de Gobierno para dar todas las facilidades y que se conozca la verdad”. A pesar de que los especialistas señalaron la complicidad y la opacidad de las fuerzas armadas en la desaparición de los muchachos, cinco años después de esas palabras no hay justicia ni verdad para los padres y madres de los 43.
Hace un año, en agosto 2022, se presentó el último informe del gobierno federal. Desde entonces, parece que las prioridades ya son otras. En mi siguiente columna, escribiré un recuento sobre aquellas preguntas del caso que el gobierno de López Obrador ha decidido no responder.
@MaiteAzuela
