La vocación de López Obrador, como la de cualquier populista, es la de concentrar el poder tanto como le sea posible. La democracia, la libertad de movimiento, los contrapesos y los órganos civiles autónomos les estorban.
Lo dice muy claro el Foro de Sao Paulo -al que pertenece Morena- en sus documentos: “Desde arriba y desde abajo seguimos luchando por la toma del poder de las instituciones públicas y por los espacios de poder que existen en todas las relaciones sociales".
Y también: "La izquierda debe proponerse la toma de todas las instituciones y no solamente la presidencia o las diputaciones. Es importantísimo la toma del Poder Judicial, los aparatos militares y los medios de comunicación".
Es lo que ha intentado AMLO a nivel político; de ahí el control de la CNDH y la desaparición del INEE (Evaluación Educativa) los ataques a la Auditoría Superior de la Federación, el INE, el TEPJF, el Inai y ahora al Poder Judicial.
Pero esa monopolización no sólo se busca en lo político, sino en toda la administración pública. Esa fue la razón de haber concentrado la distribución de medicinas al inicio de su gobierno, que se tradujo en un enorme desabasto de medicamentos, con graves consecuencias para mucha gente (conozco algunos que por falta de medicinas murieron).
Y también de ahí viene la idea de desaparecer los fideicomisos y administrar ese dinero desde el gobierno federal, con fines poco claros (la opacidad es característica de este gobierno).
Igualmente surge la absurda idea de tener una gran distribuidora nacional de medicamentos, lo que se traduciría en ineficacia, lentitud, escasez y también corrupción (pues este gobierno resultó ser tan corrupto como los demás, si no es que peor en algunos casos).
Igualmente, de esa manía surgió la idea de que la ayuda para los pobladores de Acapulco tendría que pasar por las Fuerzas Armadas. Nada de organizaciones civiles o autónomas contribuyendo a esa asistencia. Ha habido testimonios de dicha obstrucción.
Después dijeron corregir ese freno, pero a quienes se quejaron de ello el gobierno los llamó mentirosos y buitres, lo que más bien aplicaría al propio gobierno. Tan es así, que todavía el domingo se publicó un comunicado del gobierno estatal (cuya gobernadora es buena para el canto, pero no para gobernar, pues llegó ahí por ser hija de quien lo es) en ese mismo sentido.
Y desde luego que hay desconfianza de muchos ciudadanos de dejar sus donativos al gobierno por el uso electoral y político que suele darles. Recuérdese que el fideicomiso que instaló tras el sismo de 2017, para ayudar a los afectados, se utilizó para fines electorales (según constató el INE). A raíz de ese sismo, varios partidos anunciaron que darían parte de su financiamiento para ayudar a los damnificados, el INE advirtió que ello estaba prohibido por la ley, y que en todo caso podrían renunciar a una parte de sus recursos para que éstos, a través de la Tesorería, fueran canalizados a las víctimas. Pero Morena lo hizo por su lado con fines electorales. La Ley General de Instituciones, Partidos y Procesos Electorales (LGIPPE) en su artículo 209-5 lo prohíbe:
“La entrega de cualquier tipo de material que contenga propaganda política o electoral de partidos, coaliciones o candidatos, en el que se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o efectivo, a través de cualquier sistema que implique la entrega de un bien o servicio, ya sea por sí o interpósita persona está estrictamente prohibida a los partidos, candidatos, sus equipos de campaña o cualquier persona”.
Eso sí que es medrar políticamente con la desgracia ajena, según acusan los obradoristas a sus adversarios, igual que hicieron al máximo con el crimen de Ayotzinapa (que ya tiraron al basurero, pues ahora les estorba). Ni modo, a los populistas les estorba la pluralidad y la diversidad, y buscan monopolizar todo, en sus manos, tanto como les sea posible.
Analista.
@JACrespo1
