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Los estados de Chihuahua, Guerrero y Oaxaca encabezan la lista de homicidios de personas defensoras de derechos humanos, alertó Égdar Corzo Sosa, quinto visitador General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
En la presentación del Estudio sobre el Cumplimiento de los Pronunciamientos de la CNDH en materia de Agresiones a Personas Defensoras de Derechos Humanos, Corzo Sosa dijo que “la situación de las personas defensoras es de riesgo”, puesto que de 2006 a la fecha se han registrado 36 asesinatos contra ellos.
Recordó que el más reciente fue el del activista y ambientalista Jesús Javier Ramos Arreola, que se cometió la semana pasada en el municipio de Tlalmanalco, en el Estado de México. “El sólo hecho de que priven a una persona de la vida es para estar en una situación de preocupación”, alertó.
El quinto visitador destacó que los estados de Chihuahua, con 13 casos; Guerrero, con seis, y Oaxaca, con cinco, ocupan los tres primeros lugares de la lista de asesinatos de personas defensoras, por lo que representan mayor peligro para ese sector.
Respecto a las recomendaciones que ha emitido la CNDH sobre el tema, dijo que la falta sensibilidad de acceso a la información por parte de las autoridades del país ha dificultado la emisión de éstas, pero el análisis elaborado permite medir su impacto y determinar lo que falta por hacer.
Corzo Sosa resaltó que hubo respuesta de las autoridades de los diferentes niveles de gobierno a la recomendación; sin embargo, admitió que existe el riesgo de que esa comunicación sea sólo una simulación y no se registren avances en el tema.
Carolina Espinosa Luna, investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México, explicó el estudio, en el que se muestra que 22 entidades federativas han ignorado la Recomendación General 25/2016 que emitió el organismo.
La recomendación, indicó, fue dirigida a 2 mil 545 autoridades de los tres niveles de gobierno, pero sólo 116 emitieron una respuesta. El documento fue lanzado por el organismo, ante el incumplimiento en la protección de las personas defensoras de derechos humanos.
Espinosa Luna explicó que la información del estudio mide la respuesta de las autoridades a la comisión, no tanto los avances que hay en materia de protección. Dentro de los datos que resaltan está “la especial vulnerabilidad de las mujeres defensoras, en comparación con los hombres”, así como la de aquellos que viven en regiones lejanas o apartadas.
