Ante el inminente riesgo de que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas se quede sin fondos en octubre próximo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que mañana enviará un oficio a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que otorgue los recursos presupuestales necesarios, porque de no hacerlo, advirtió, se pondría en riesgo la integridad de los beneficiarios.
En la inauguración del seminario La Agenda de protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en Coahuila. Retos y Desafíos Actuales , el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, destacó que si bien cada delito y agresión contra cualquier persona merece toda la atención y el trabajo decidido de quienes realizan labores de prevención, seguridad, protección e investigación, cuando se trata de personas defensoras y periodistas existe un deber reforzado del Estado en sus tres niveles de gobierno para prevenir los delitos y procurar justicia.
Indicó que las agresiones contra esos grupos tienen implicaciones colectivas, al enviar un mensaje a todos los que ven como una noble vocación defender o representar a los otros, o hablar y reseñar la vida cotidiana y sus problemas a través del ejercicio periodístico .
González Pérez dio a conocer que este miércoles enviará un oficio a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que se dote con los recursos suficientes al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas , ante el riesgo de que en el mes de octubre no haya fondos para financiarlo.
Resaltó que la falta de fondos en el mecanismo pondría en peligro la integridad de las personas beneficiarias y se incumpliría el compromiso de la Federación y de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) de atender las recomendaciones generales 24 y 25 de la CNDH, que asumieron como política pública. Hizo extensivo el llamado a los gobiernos federal y estatales para que muestren voluntad política en la atención de la problemática.
Al participar en el evento, explicó que los derechos humanos en México enfrentan, desde hace varios lustros, un contexto que plantea grandes desafíos. “El abanico de temas que se han incorporado parece desbordar por momentos las posibilidades humanas y materiales para hacerles frente, ante situaciones críticas y dolorosas que requieren atención y soluciones integrales”, aseguró.
Expresó que el trabajo de las personas defensoras es una aportación para la consolidación del sistema democrático, que en muchas ocasiones se pretende obstaculizar mediante falsos señalamientos de lucrar con las víctimas o defender delincuentes, mientras que los periodistas enfrentan agresiones de manera velada por algún servidor público, insultos y amenazas por redes sociales, comentarios sexistas contra comunicadoras o estereotipos de género, publicidad oficial para premiar o castigar la línea editorial hasta privación de la vida.
Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), indicó que el organismo considera como una de las cuatro prioridades el ejercicio del periodismo y la defensa de los derechos humanos ante la violencia que enfrentan en el país. Coincidió con el ómbudsperson en la necesidad de dotar de recursos presupuestales suficientes al Mecanismo de Protección a Periodistas y Personas Defensoras .
María Galván, consejera jurídica quien asistió en representación del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, destacó que Coahuila está comprometido y reconoce que la protección de las personas defensoras de los derechos humanos y periodistas es la base para el desarrollo de una sociedad con fines democráticos que limite razonablemente el ejercicio del poder público. Puso en relieve el plan de trabajo realizado por el gobierno estatal con el fin de conformar una agenda para la defensa de esos grupos vulnerables.
Benjamín Garrett, director Adjunto de Justicia de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), dijo que la labor de personas defensoras y periodistas es fundamental para una democracia fortalecida, porque promueven y garantizan el ejercicio de los derechos de todos, además de dar voz a las víctimas.
Consideró que la defensa de los derechos y el periodismo enfrentan un entorno complejo que demanda esfuerzos integrales, multidisciplinarios con la participación conjunta del gobierno, sociedad civil y academia, por lo que la generación de una política pública integral contribuirá en la protección de los derechos humanos y el pleno ejercicio de la libertad de expresión.
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