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Los rectores de las universidades públicas del país aseguraron que algunas de las nuevas disposiciones del Sistema Nacional Anticorrupción vulneran la autonomía universitaria, por lo que realizarán un análisis de las implicaciones del nuevo marco legal y emitirán un comunicado en contra de esa situación que amenaza su desarrollo.
En solidaridad con lo que ocurre en la Universidad Autónoma del Estado Hidalgo (UAEH), en la que se quiere imponer la figura de un contralor externo nombrado por el Congreso del estado, los rectores agrupados en la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) harán público un pronunciamiento en contra de los nuevos preceptos.
El rector de la UAEH, Adolfo Ponigo Loyola, recordó que se ha ganado una suspensión provisional para evitar que entre en vigor la modificación a la estructura orgánica de la institución ordenada por el Congreso local para incluir un órgano de control externo.
El rector de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Agripino, señaló que en su estado se intentó imponer una figura similar, pero se logró negociar con el gobierno estatal y el Poder Legislativo del estado para evitar que esto ocurriera.
Explicó que los gobiernos están argumentando que las universidades son organismos públicos autónomos y como tales deben correr la misma suerte que otros entes similares, en los que los congresos estatales designan contralores.
“En efecto, somos organismos públicos autónomos, pero el artículo tercero constitucional, le otorga una autonomía diferente a la universidad”, afirmó.
Indicó que el nombramiento de contralores no será el único aspecto de conflicto entre la autonomía universitaria y el Sistema Nacional Anticorrupción, puesto que el nuevo ordenamiento establece disposiciones generales para todos los organismos públicos.
“Lo que hacemos en las universidades es diferente, no es lo mismo lo que realiza un Consejo General Universitario a lo que realiza un cabildo”, dijo.
Como ejemplo señaló que se consideran funcionarios públicos a todos los integrantes de un órgano de gobierno que componen un organismo autónomo que tomen decisiones en torno a cuestiones financieras, lo que en el caso de la Universidad de Guanajuato provocaría que chicos de 15 años que representan a los estudiantes de preparatoria en el Consejo General Universitario estén obligados a presentar su 3de3.
Ante esa situación, los rectores que se reunieron en la 52 Asamblea General de la ANUIES acordaron hacer un pronunciamiento en el que se prevé que hagan un llamado para que en el cumplimiento del sistema anticorrupción se permita a las instituciones cumplir, en el marco de su autonomía, con la creación de la figura del auditor.
