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La ejecución del mexicano Rubén Cárdenas Ramírez se concretó ayer en la Unidad Carcelaria de Wall, en Texas.
Fue condenado a la pena capital tras haber violado y asesinado a su prima hermana, Mayra Azucena Laguna, en febrero de 1997.
Pasó 20 años en el corredor de la muerte en la prisión de Allan B. Polunsky, en Livingston, Texas, hasta que en agosto se fijó fecha para ayer a las 18:00 horas, a través de una inyección letal.
La defensa del mexicano de 47 años nacido en Irapuato, Guanajuato, utilizó todos los recursos legales disponibles hasta el final.
El lunes, la defensa de Cárdenas Ramírez pidió a la Corte de Apelaciones de Texas, que revisara el procedimiento a través del cual se obtuvo evidencia para inculpar al mexicano, además de que se solicitó realizar una nueva prueba de ADN. Ambas peticiones fueron rechazadas.
En consecuencia, se decidió llevar el caso ante la Corte Federal de Apelaciones del Quinto Distrito en Nueva Orleans, la cual también lo desechó por lo que se recurrió —como último recurso— a la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos.
“Lo que estamos tratando de hacer es asegurarnos que se cumpla el debido proceso hasta sus últimas instancias, por eso ahorita solicitamos a la Suprema Corte de Justicia que se revise la solicitud, que se realice una nueva prueba de ADN, como también una posible violación a los derechos civiles del señor Cárdenas, por parte de la Corte de Apelaciones Penales de Texas en la forma que decidió negar ese proceso”, declaró Jacob Prado, director de Atención a Mexicanos en el Exterior, de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Rubén Cárdenas Ramírez fue llevado a la cámara de la muerte y puesto en la mesa a las 21:55 horas.
Se le preguntó si quería decir unas últimas palabras, a lo que se negó. En cambio, dio una declaración por escrito en la que simplemente expuso: “Regresaré por justicia”.
La inyección letal se le aplicó a las 22:05 horas y a las 22:26 se declaró la muerte del mexicano.
En la sala de ejecuciones, solamente presenciaron la ejecución cinco periodistas autorizados, la abogada de Cárdenas Ramírez, Maurie Lavin y por parte de la víctima no asistió nadie.
La hermana de la víctima, Roxana Jones, dejó una declaración por escrito en la que expuso que Mayra es recordada con amor por toda la familia. “Las palabras no pueden describir el sentimiento tras conocerse la verdad y tener paz después de mucho dolor”, escribió en la carta.
Tras declarar la muerte de Rubén Cárdenas Ramírez, las autoridades de la prisión trasladaron el cuerpo a una capilla en donde se le permitió a la familia tocar por fin a su ser querido y despedirse de él.
La familia decidió llevar a cabo el funeral y la sepultura en completa privacía. Los restos de Rubén Cárdenas Ramírez se quedarán finalmente en Estados Unidos.
Condena. El presidente Enrique Peña Nieto condenó la ejecución y envío su sentido pésame a la familia del guanajuatense.
A través de la Cancillería, el gobierno de México informó que se agotaron todas las instancias posibles, incluyendo recursos legales ante la Suprema Corte de Estados Unidos.
Refirió que se opone a la pena de muerte por considerarla “una de las violaciones más esenciales de los derechos humanos, así como una sanción cruel e inhumana que socava la dignidad de las personas”.
Detalló que a nivel nacional e internacional, “seguirá promoviendo acciones tendientes a la moratoria de ejecuciones y la eventual abolición de la pena de muerte en el mundo.”
"El gobierno de México expresa su más sentido pésame a los familiares del señor Cárdenas Ramírez, a quienes ha acompañado en este largo y complejo proceso", informó.
También refirió que agotó “todas las acciones legales, políticas y diplomáticas a su alcance, en la Unión Americana y a nivel internacional, para que se revisara el caso del señor Cárdenas Ramírez y obtener la suspensión de la ejecución".
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el gobernador de Guanajuato, legisladores federales, así como la Procuraduría de los Derechos Humanos de ese Estado, entre otros, dirigieron misivas.
El gobierno de Guanajuato lamentó la ejecución pues constituye una violación a los derechos humanos y una falta sobre acuerdos de la Convencion de Viena sobre Relaciones Consulares, por parte de la Corte Estatal y Federal de EU, que rechazaron los recursos a favor de revisar el caso.
