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El número de refugiados en México, que en 2017 registró un aumento de 66% respecto al año previo, con más de 14 mil 500, sobre todo centroamericanos, incluyendo a los venezolanos que solicitaron asilo en el país, mantendrá su tendencia a incrementarse, aseguró Mark Manly, representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
“Mirando hacia el futuro, aun cuando el aumento en el número de solicitantes centroamericanos se ha estabilizado en el último año, proyectamos que la tendencia continuará al alza, por la persistencia de los factores de empuje en los países de origen y por el trabajo que han hecho el gobierno, la sociedad civil y el ACNUR para consolidar a México como país de asilo”, adelantó Manly.
Detalló que los niveles de violencia en dos de los países del Triángulo Norte de América Central: El Salvador y Honduras, (tal como lo pueden constatar en los últimos años las elevadas tasas de homicidio registradas), explica el aumento de los solicitantes no sólo en México, sino en otros lugares como EU, Costa Rica, Panamá y Belice.
Necesidades básicas
Los venezolanos expresan que huyen de su país por la violencia e inseguridad. También influye la incapacidad de cubrir sus necesidades básicas, incluyendo medicinas.
“A pesar del importante aumento en el número de solicitudes de asilo, para un país como México siguen siendo cifras fácilmente manejables, tomando en cuenta el tamaño de la población, de la economía y de la capacidad administrativa que tiene”, indicó Manly al responder a un cuestionario enviado por EL UNIVERSAL para abordar el tema.
Recalcó que “preocupa el impacto” de la suspensión del plazo de 90 días hábiles, en el que la Comar daba respuesta a las peticiones de asilo, debido a los daños que sufrió en el terremoto del 19 de septiembre la sede de esa dependencia de la Secretaría de Gobernación, en la colonia Juárez de la Ciudad de México.
“En particular por el hecho de que los solicitantes tienen que esperar más tiempo para recibir una decisión y durante ese lapso no tienen acceso al empleo en la práctica, al no recibir su CURP. Su acceso al Seguro Popular está limitado a 90 días, aunque el procedimiento de determinación de la condición de refugiado está tardando en muchos casos más del doble de ese tiempo”, aseveró.
Frente a esto, continuó el representante del ACNUR en México, “siempre existe el riesgo de que personas con necesidades de protección internacional decidan no solicitarla en México o que la pidan y abandonen el procedimiento. Esto las puede dejar desamparadas contra la devolución a sus países de origen donde sus vidas están en riesgo, además de que al hallarse de manera irregular en el país, se enfrentan a graves riesgos en la ruta migratoria”, subrayó.
La colaboración entre el ACNUR y la Comar incluye desde 2016 la contratación de personal adicional para la agencia mexicana, un programa de salida de solicitantes de asilo de las estaciones migratorias y un albergue para menores refugiados en Tabasco.
Al terminar su visita a México el 26 de febrero, Kelly Clements, alta comisionada adjunta del ACNUR, “pudo apreciar que México se está convirtiendo en un país de destino para un creciente número de refugiados y que este cambio en la dinámica migratoria ha generado retos significativos para la sociedad civil, para los organismos internacionales y para las autoridades, particularmente para la Comar”, resaltó en un comunicado del organismo de Naciones Unidas.
Establecer alternativas
Lamentó que en Tenosique, Tabasco, (uno de los puntos que usan los migrantes centroamericanos para abordar La Bestia, el tren de carga que los acerca a EU), “no existan los mecanismos para que las personas puedan solicitar protección como refugiadas al cruzar la frontera sin ser detenidas”. Además, reconoció la necesidad de establecer alternativas para que puedan buscar seguridad y protección internacional sin correr riesgos al entrar a México por cruces ciegos.
Si bien la violencia de las bandas delictivas y del narcotráfico se ha intensificado en América Central, los solicitantes de asilo de Nicaragua argumentan la represión del gobierno del presidente Daniel Ortega. Tal es el caso de Michael García Torres, quien trabajaba en el comercio y el cultivo de café en Estelí, la tercera ciudad de esa nación, hasta que policías encubiertos, que lo relacionaron con “opositores armados”, lo detuvieron, lo amenazaron y empezaron a seguirlo después de liberarlo.
“Conociendo las políticas de mi país, por experiencia con el gobierno sandinista, sabemos perfectamente que si ven a una persona como un peligro para ellos, la matan o la encierran, no hay derechos humanos que se los impidan”, afirmó al ser entrevistado en el albergue Casa Tochán de la Ciudad de México, donde enfatiza que “nunca fui de la oposición, ni mi familia”, pero dice que la zona rural donde trabajaba “siempre es de revueltas, de inconformidad, donde la gente no soporta la opresión y siempre va a levantarse, incluso lo hacen quienes fueron disidentes sandinistas”.
Huir de las autoridades
García Torres presentó hace casi siete meses su solicitud de refugio en la delegación de la Comar en Tapachula, Chiapas, donde luego de tres meses la rechazaron al señalar que Nicaragua es uno de los países latinoamericanos más seguros; no obstante, él les aclaró que no huía de delincuentes, sino de las propias autoridades.
El 25 de septiembre, Torres presentó un amparo en la sede de la Comar en la Ciudad de México y la respuesta, emitida el 16 de enero, otra vez fue negativa, razón por la que recurrió a la asesoría jurídica de Sin Fronteras IAP, una organización no gubernamental de apoyo, para seguir su lucha por permanecer aquí “mientras el señor presidente” siga en su país “con sus políticas que ponen en peligro la libertad y la civilidad de todos.
“Nunca ha pasado por mi mente lo del migrante que va a Estados Unidos. Si mi país fuera seguro como dicen, yo estuviera allá porque tenía un buen trabajo, ganaba bien, podía subsistir y tener una familia”, comentó.
Lamentó que en la decisión, pese a sus declaraciones en audio y por escrito además de otras pruebas, las autoridades mexicanas estén siguiendo “un reglamento político que te dice: ‘Tantas personas de tales países aceptamos, así estén perdiendo la vida en otros’; es el mensaje que me están enviando, de discriminación y de oídos sordos”, cuando diversas ONG coinciden: en Managua “las tasas de violencia, de homicidio y de ataques del gobierno a civiles han sido altas”.
Este diario buscó la opinión de la embajada de Nicaragua en México sobre el caso, sin recibir una respuesta hasta el cierre de esta edición.
Según grupos de ayuda, con el agravamiento de la crisis en Venezuela desde 2016, México reconoce como refugiados a todos los ciudadanos del país que completan el proceso de solicitud ante la Comar, pero no todos conocen esa posibilidad. En teoría, cualquier migrante detenido al tratar de ingresar al país tiene derecho a pedir asilo.
Se ha establecido un Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones, que fortalecerá la cooperación en los países de origen, tránsito y destino en Centroamérica y México, puesto que como Grandi recalcó en la reunión de Brasilia, los solicitantes de asilo están creciendo.
