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Los niveles de impunidad y la desconfianza de los ciudadanos en las instituciones de seguridad y justicia empeoraron en el país en los últimos dos años.
Pero peor aún fue la saturación de carga de trabajo en el sistema de impartición de justicia que “comienza a colapsar en algunos estados”, determina el Índice Global de Impunidad México (IGI-Mex) 2018.
“Nuestro país vive un momento crítico, producto del profundo deterioro en el desempeño de las instituciones de seguridad y justicia, donde el Estado mexicano es incapaz de garantizar a sus ciudadanos las condiciones mínimas de seguridad”, enfatizó el rector de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap), Luis Ernesto Derbez.
El estudio realizado por la Udlap, coordinado por Juan Antonio Le Clercq y Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, indica que la impunidad en el país aumentó, al pasar de una media nacional de 67.42 puntos en 2016, a 69.84 en el informe de 2018, en donde llegar a cien puntos es la peor calificación en el índice.
El equipo de investigación encontró que, en comparación con el informe 2016, la estructura del sistema de justicia mejoró, al pasar de 74.38 a 67.29; sin embargo, en el funcionamiento empeoró, pues aumentó de 56.97 a 67.70.
Por otra parte, el funcionamiento del sistema de seguridad mejoró, al registrar registró un cambio de 68.19 a 62.73; mientras que la estructura empeoró en dos años, al moverse de 44.76 puntos a 58.64.
En 28 estados se observa una situación crítica al encontrarse en un grado de impunidad alta y muy alta; de ese total, 19 entidades están por encima de la media nacional, que es de 69.84 puntos. El Estado de México es la entidad con el mayor grado de impunidad, al alcanzar 80.06 puntos.
De las 202 mil 205 carpetas de investigación que se tenían en el Estado de México, sólo llegaron mil 209 a sentenciados en primera instancia, “esto implica que sólo 0.59% de las carpetas acaba en sentencia, lo que habla de la debilidad en la integración de las carpetas por parte de los ministerios públicos”, señala el estudio.
Además, del total de las carpetas iniciadas, sólo 16 mil 863 (8.33%) se convierten en causas penales. Aunado a ello, el Estado de México tiene problemas estructurales de inversión en agencias y ministerios públicos: no cuenta con suficientes jueces y magistrados, además de que se redujo su estado de fuerza policial.
Caso excepcional fue Nayarit, que se incluyó en la lista de impunidad atípica —junto con Michoacán, que ya estaba desde 2016— por la infiltración de la delincuencia organizada en el sistema de procuración de justicia y por la probable alteración de las cifras delictivas.
Ante los resultados reflejados en el documento y en un contexto de elecciones, el rector de la Udlap hizo un llamado a los candidatos que buscan la Presidencia de la República para que en sus campañas propongan acciones concretas para eliminar la impunidad.
“El próximo Presidente de México no puede darse el lujo de reproducir estrategias de combate a la inseguridad y corrupción con las herramientas utilizadas por la actual administración, pero tampoco sería aceptable que impulsase acciones cosméticas sin hacer caso a la realidad que el IGI-Mex 2018 presenta.
“Al hacerles este llamado, nuestra publicación les ofrece datos específicos que les permiten, si así desean hacerlo, diseñar un programa de medidas verificables y evaluables por la sociedad en el combate a la violencia y corrupción que hoy afligen al país”.
Las entidades con grado de impunidad muy alto son el Estado de México, con 80.06 puntos; Tamaulipas, 78.88; Baja California, 78.08; Coahuila, 77.88; Quintana Roo, 77.33; Guerrero, 76.08; Aguascalientes, 75.85; Veracruz, 75.62; Puebla, 75.59, y Oaxaca, 75.12.
Destaca que Campeche es el único estado con grado de impunidad bajo, con 45.06 puntos; mientras que la Ciudad de México está en el rango de grado de impunidad media, con 59.54.
Si bien es un problema que el país tiene, en promedio, cuatro jueces por cada 100 mil habitantes, cuando el promedio mundial es de 16, la situación es más crítica en los estados de Aguascalientes (con 3.34 jueces), Baja California (2.73), Coahuila (2.74), Hidalgo (2.5), Estado de México (2.32), Michoacán (3.2), Nuevo León (2.56), Puebla (1.5), Sonora (3.31), Tamaulipas (3.08), Tlaxcala (2.82) y Yucatán (2.97).
Se observó que los estados en los que el homicidio tiene un mayor grado de impunidad son Tamaulipas, con 0.15 puntos; Tabasco, 2.24; Michoacán, 4.64; Puebla, 5.21; Guerrero, 5.39; Tlaxcala, 5.56; Quintana Roo, 7.81; Sinaloa, 8.28; Oaxaca, 8.94; y Morelos 9.90.
También preocupó que México tiene la mitad de los policías estatales que debería tener, su estado de fuerza es de 120 mil elementos, cuando debería tener, por lo menos, 235 mil 944.
En cuanto a la saturación del sistema de justicia, enfatiza que “un indicador que demuestra que el sistema de impartición de justicia empieza a colapsarse en algunos estados es el de las causas penales en primera instancia entre número de jueces”.
También hubo problemas en el personal penitenciario, puesto que bajó 15%; con ello se producen mayores cargas de trabajo sobre el personal carcelario, corrupción, desgaste profesional y puede aumentar la probabilidad de motines y fugas.
