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Es necesario construir un nuevo modelo de distribución del agua en el que haya mayor participación ciudadana para el aprovechamiento de este recurso, así como en la vigilancia de los funcionarios del ramo, indicaron organizaciones civiles.
Elena Burns, integrante de la organización Agua para Todos, comentó a EL UNIVERSAL que el borrador de iniciativa de la Ley General de Aguas, el cual se está elaborando en la Comisión de Agua Potable de la Cámara de Diputados es “privatizante”, debido a que prevé el otorgamiento de concesiones para la prestación de servicios y saneamiento, así como para la compra y venta de aguas nacionales, como mares territoriales, ríos y lagos.
“Es privatizante de los sistemas de aguas de las ciudades, de los humedales, de obras de infraestructura. Lo que ha pasado a nivel mundial con la privatización es que las empresas no cumplen con lo prometido, en 235 ciudades como Buenos Aires, Montevideo, Berlín o París, donde encontraron una experiencia negativa y el agua no puede ser la base de un negocio”, expresó.
Comentó que la gestión puede hacerla el Estado, sin embargo, se requieren de mecanismos de vigilancia y participación ciudadana para un adecuado aprovechamiento de este recurso. Aseguró que no se necesita del financiamiento privado, ya que existen los fondos, sin embargo, están mal asignados.
El borrador de la iniciativa de la Ley General de Aguas se encuentra en proceso de elaboración, en la página de la Comisión de Agua Potable de la Cámara de Diputados, presidida por José Ignacio Pichardo Lechuga, hay una plataforma para que el documento pueda ser consultado y los interesados emitan sus comentarios.
En su artículo 51 el borrador de legislación establece los requerimientos que se deberán cumplir para otorgar las concesiones a particulares, como son cumplir con el derecho humano del acceso al líquido, tener un caudal ecológico para el mantenimiento, cumplir las normas oficiales mexicanas en materia de uso eficiente, así como con la normatividad relativa al control de la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas, utilización de las que son nacionales prevista en reglamentos específicos, reservas, vedas o la supresión provisional del libre alumbramiento en el acuífero, cuenca, subcuenca o microcuenca de que se trate.
De acuerdo al documento, las concesiones se otorgarán por un mínimo de 10 años y un máximo de 30, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) será la encargada de expedir este documento y la concesión podrá ser retirada en caso de que haya daño en humedales, áreas naturales protegidas, mantos acuíferos o sus zonas de recarga, ecosistemas vinculados con el agua o servicios ambientales.
Organizaciones civiles de 28 estados del país han trabajado por más de cinco años en la elaboración de una iniciativa de Ley General, cuyo eje principal es aumentar la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre este recurso, que se realicen planes a largo plazo para la gestión de las cuencas hidrológicas del país y haya un mayor acceso al agua, así como para disminuir su consumo y desperdicio.
“Necesitamos reasignación de las aguas, cuenca por cuenca, se requiere de una fuerte participación ciudadana, municipio por municipio, fortaleciendo los sistemas comunitarios asegurando siempre la equidad y sustentabilidad. La única fuerza que va a poder corregir problemas a nivel nacional, estatal y municipal es la ciudadanía, nos corresponde porque sin agua no se puede vivir y su situación está empezando, en muchas partes del país, a ser muy crítica”, expresó.
