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La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Angélica de la Peña (PRD), solicitó al Ejecutivo un informe sobre acciones emprendidas para promover el cumplimiento de recomendaciones hechas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, en su visita a México en octubre de 2015.
En un punto de acuerdo, recordó que Zeid Ra’ad Al Hussein realizó una visita oficial a México por invitación del gobierno federal, en la que se reunió con autoridades de los tres poderes, incluido el presidente Enrique Peña Nieto, organizaciones de la sociedad civil y víctimas de violaciones de derechos humanos.
En su declaración oficial, el Alto Comisionado presentó un diagnóstico y anunció una serie de recomendaciones para el Estado mexicano.
Entre ellas destacan: crear un consejo asesor de renombrados expertos en el campo de los derechos humanos y el combate a la impunidad para asesorar al Estado mexicano, realizar la debida investigación de graves violaciones a las garantías individuales, reformar el Código de Justicia Militar con la finalidad de que la jurisdicción civil también conozca casos de violaciones de derechos humanos cometidas por los militares.
Adoptar una ley nacional sobre el uso de la fuerza por parte de servidores públicos, crear una institución nacional forense que sea autónoma e independiente, crear un registro de todas las detenciones, garantizar independencia de los órganos públicos locales y federales, incluyendo aquellos de administración y procuración de justicia e instituciones de derechos humanos, entre otros.
Recordó: “Estadísticas oficiales muestran que 98% de los crímenes cometidos en México quedan sin resolver; la mayoría nunca son propiamente investigados. Por tanto no es sorprendente que la ciudadanía mexicana se sienta insegura, no obstante la baja en la tasa de homicidios y secuestro”.
Añadió que “para un país que no se encuentra en medio de un conflicto armado o bélico tradicional, las cifras calculadas son, simplemente, impactantes: 151 mil 233 personas asesinadas entre diciembre de 2006 y agosto de 2015, incluyendo miles de migrantes”.
También recomendó la ratificación de instrumentos internacionales y reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada.
