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El mayor corruptor de los funcionarios públicos no es el ciudadano, sino las empresas, y en México es ese fenómeno el que más le preocupa a la sociedad en materia de corrupción. Por ello, la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas es “un esfuerzo válido y sincero”, resaltó Fernando Senties, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales de Ética y Cumplimiento (AMPEC).
Aseguró que escándalos como el de Odebrecht generan incertidumbre en la población hacia la iniciativa privada y el gobierno, por los posibles efectos que estas malas prácticas pudieran tener en la estabilidad económica del país. “Sin duda hay funcionarios y empresarios honestos, pero es cierto que los funcionarios usan su posición para sacar provecho y las empresas, sus influencias”, dijo.
Esta ley es, de acuerdo con Senties, el cambio más importante dentro del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), puesto que regulará por primera vez que las empresas no aprovechen la corruptibilidad de los funcionarios.
“La corrupción no se puede dar sin dos partes, si las empresas no estuvieran dispuestas a pagar sobornos, no importaría que los funcionarios fueran corruptos”, destacó.
Esta legislación obliga a las empresas a integrar un programa de integridad con siete elementos: manual de organización y procedimientos, código de conducta, sistemas de control eficientes, vigilancia y auditoría, así como un sistema de denuncia anónima, de capacitación en temas de integridad, políticas de recursos humanos, y mecanismos que aseguren en todo momento la transparencia.
