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La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pidió al Instituto Nacional de Migración (INM) que suspenda un centro de detención migratorio que fue instalado en un edificio que solía ser una cárcel en El Fortín, Veracruz, donde retuvo a ocho niños en condiciones indignas, en celdas sucias y mezclados con adultos, señaló el organismo.
Se trata de la Estancia Migratoria Fortín, ubicada en Fortín de las Flores, Veracruz, la cual no está reconocida legalmente como recinto migratorio y antiguamente era utilizada como cárcel por Seguridad Pública.
A ese lugar fueron trasladadas 122 personas de Guatemala, El Salvador y Honduras de 2014 a la fecha, a quienes no se les proporcionó asistencia consular, atención médica, ni acceso a llamadas telefónicas con familiares y consulados.
“De 2014 a la fecha, la Estancia Migratoria Fortín es utilizada para tal fin, aunado a que la misma no reúne las características que debe tener como recinto migratorio de alojamiento para otorgar una estancia digna, ya que fue construido para ser utilizado como centro de encarcelamiento, circunstancia que incumple con lo establecido en la Ley de Migración”, dice la recomendación.
Además de que ocho menores no acompañados convivieron con adultos en áreas de alojamiento “muy sucias y parecidas a celdas carcelarias”, señala la CNDH en la recomendación DGC/014/18.
También documentó que la niña y los siete varones, niños y adolescentes no acompañados, fueron alojados en esas instalaciones, por lo que se omitió brindarles la protección integral de sus derechos, al no canalizarlos inmediatamente a un Centro de Asistencia Social del DIF.
La CNDH pide al INM que se realicen las acciones necesarias para que, “a la brevedad”, las personas que se encuentren detenidas en la Estancia Migratoria Fortín, sean trasladadas a un recinto migratorio que cuente con la infraestructura, “para garantizarles un alojamiento digno en respeto a sus derechos humanos”.
Con respecto al trato que se da a niños y adolescentes no acompañados, se pide coordinación con los Sistemas DIF en los niveles nacional, estatales y municipales, las procuradurías de Protección de los Derechos de los Menores, para canalizarlos “inmediatamente” a albergues o centros de asistencia social y se evite alojarlos, aunque sea de manera momentánea, en recintos migratorios.
