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En el mes de agosto se denunciaron 131 secuestros, pero debido al número de víctimas reportadas el delito incrementó 17% respecto al mes de julio, al reportarse 197 luego, que se denunciaron secuestros masivos en Chiapas y Guanajuato .
Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la Asociación Alto al Secuestro A C, detalló que en Chiapas y Guanajuato se registraron secuestros masivos, los cuales fueron reportados por las autoridades. En el primero se denunciaron 37 eventos; y en el segundo 13.
Las entidades con mayor incidencia son Estado de México con 27 secuestros por cada 100 mil habitantes, le sigue Veracruz con 19, Tamaulipas con 12, Zacatecas con 10, y la Ciudad de México con 9.
En tanto al número de víctimas, la lista la encabeza Chiapas con 37, Estado de México; 29 y Tamaulipas 22.
En contraste Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Colima, Durango, Nayarit, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Yucatán no tienen incidencia del delito.
En conferencia de y prensa Miranda de Wallace lamentó que en varios estados de la república las autoridades locales han dejado de tener Unidades Especiales contra el Secuestro (UECS), y ahora atienden otros tipos de delitos de alto impacto como la trata, lo que trae como consecuencia que disminuya la efectividad y que se descuide la atención a este ilícito.
"Por si esto fuera poco, el número de detenciones no garantiza una disminución en el delito, porque en el Sistema Procesal Acusatorio seguimos enfrentando grandes desafíos”.
La activista, reiteró su preocupación por la falta de unidades de medidas cautelares que podrían ser un contrapeso para “la puerta giratoria”, puesto que sólo existen 3 en todo el país en condiciones aceptables, del resto 17 no verifican antecedentes del imputado, 11 no cuentan con sistema de registro para evaluación y seguimiento de medidas cautelares y 1 de cada 3 imputados no cumple con la medida.
Mencionó que no dejará de insistir en los retos que representa la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal hasta que no sean subsanadas y se cumplan los derechos de las víctimas como Centro del Sistema de Justicia.
Al final de su presentación, Miranda de Wallace hizo un llamado a las Cámaras de Diputados y Senadores para revisar y reformar la Ley de Seguridad Interior, la Ley General de Víctimas, la Ley General de Tortura, Ley General de Ejecución y Código Nacional de Procedimientos Penales, para lograr equilibrio para los derechos de las víctimas.
