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Un año después de su detención en un hotel de lujo en Guatemala, Javier Duarte de Ochoa , ex gobernador de Veracruz , continúa preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México mientras su defensa reúne pruebas para continuar con su proceso judicial después de las elecciones de julio próximo.
El pasado 1 de febrero, el juez de control Gerardo Moreno García, concedió a la defensa de Duarte seis meses más de investigación complementaria, para tramitar diligencias y reunir pruebas a favor de su cliente.
El término también favorece a la Procuraduría General de la República (PGR), por lo que la investigación complementaria de Javier Duarte durará un año, mismo que concluye el próximo 31 de julio con la celebración de una audiencia para que el juez pueda iniciar la etapa intermedia del proceso.
En la etapa intermedia, tanto la PGR como Javier Duarte deberá ofrecer pruebas y el juez decidirá cuáles serán admitidas y, posteriormente dictará el acuerdo de apertura de juicio.
Al ser consultado por EL UNIVERSAL, Ricardo Sánchez Retana, abogado de Duarte de Ochoa, informó que el equipo de defensa se encuentra en constante análisis de la mejor estrategia técnica para desvirtuar las acusaciones contra su cliente.
“En estos momentos el proceso sigue, estamos en el tiempo que nos dio el juez para la investigación complementaria y el equipo de defensa está analizando qué datos de prueba son los idóneos para llegar a la etapa intermedia.
“El ex gobernador, como cualquier otro ciudadano, tiene derecho a una defensa adecuada y a que se le respete la presunción de inocencia y nuestro trabajo está enfocado a demostrarlo”, afirmó.
Explicó que a diferencia de lo que ha ocurrido desde la detención de Javier Duarte, el 15 de abril de 2017 en Guatemala, hasta marzo pasado, el equipo defensor ha procurado disminuir el carácter mediático del asunto para concentrarse en las diligencias a realizar para reunir pruebas de descargo.
Confirmó que la defensa agotará los seis meses de la investigación complementaria para continuar a las siguientes etapas.
La caída
El mandato de Duarte en Veracruz concluyó el 30 de octubre de 2016. Sus últimos meses como gobernador se caracterizaron por un marcado distanciamiento del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto y constantes señalamientos de actos de corrupción en el estado.
Dos semanas antes de terminar su gobierno, Duarte solicitó licencia al cargo y huyó del país a bordo de un helicóptero, propiedad del estado de Veracruz.
El 14 de octubre de ese año, el juez Gerardo Moreno García emitió una orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Seis meses después, el 15 de abril de 2017, Duarte de Ochoa fue aprehendido en un hotel ubicado en el municipio de Panajachel, departamento de Sololá, Guatemala.
Al momento de su detención, era uno de los hombres más buscados del país y la Procuraduría General de la República ofreció una recompensa de 15 millones de pesos por su captura.
Así inició su proceso de extradición que concluyó con su entrega tres meses después.
La llegada
A su llegada a México, el 17 de julio, fue puesto a disposición del juez de control, Gerardo Moreno García, del Centro de Justicia Penal federal en el Reclusorio Norte.
El 23 de julio, con 82 datos de prueba ofrecidos por la PGR en los que describió la forma de operar de la red supuestamente liderada por Duarte para desviar al menos mil 670 millones de pesos y posteriormente blanquear su origen, el juez vinculó a proceso al ex gobernador por delincuencia organizada y lavado de dinero.
Desde ese momento y conforme a lo establecido en la ley, la PGR solicitó seis meses para realizar su investigación complementaria, mismos que concluyeron el 22 de enero pasado.
Debido a que la delincuencia organizada es un delito contemplado en el catálogo de los que merecen prisión preventiva de oficio, el juez ordenó que Duarte permaneciera en el Reclusorio Norte hasta que su proceso concluya.
Además, el juzgador observó que la fuga emprendida por el ex gobernador desde 2016 demostró que cuenta con los medios suficientes para evadirse nuevamente de la justicia, por lo que también decretó la prisión preventiva justificada por cuanto hace al delito de lavado de dinero.
Los seis meses perdidos
En enero de 2018 la PGR solicitó una audiencia al juez Moreno García para solicitar que por su conducto requiera a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores información sobre las cuentas bancarias a nombre de Javier Duarte de Ochoa.
Un error en la notificación a la defensa de Duarte impidió que se realizara la diligencia, programada para el 18 de enero, por lo que el juez fijó como nueva fecha el 31 de enero siguiente.
EL UNIVERSAL informó que aunque Duarte debía presentarse aquel 18 de enero, no lo hizo porque ese día acudió al servicio médico del Reclusorio Norte donde refirió sentirse con vértigo, dolor en la zona conocida como la boca del estómago y falta de aire.
La doctora encargada del área recomendó la realización de un electrocardiograma debido a que por sus síntomas había riesgo importante de infarto.
El 31 de enero siguiente, durante la diligencia, la PGR explicó al juez que buscaba judicializar los informes de la CNBV que ya formaban parte de la carpeta de investigación debido a que semanas anteriores la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que el ministerio público puede solicitar información bancaria previa autorización de un juez.
Sin embargo, el juzgador negó la petición de la PGR porque los informes ya están en la carpeta de investigación y la dependencia solicitó una prórroga al plazo para la investigación complementaria, a pesar de que por ley ya no podía hacerlo.
El juez cuestionó a la PGR porque tuvo seis meses para solicitar la judicialización de los informes y, por el contrario, lo hizo cinco días antes del vencimiento de los mismos.
La PGR se justificó y argumentó que en ese tiempo se dedicó a recabar una asistencia jurídica internacional con el gobierno de Suiza a quien requirió detalles sobre las cuentas bancarias supuestamente utilizadas por Duarte para blanquear los fondos desviados mediante contrataciones públicas en Veracruz.
El juez sí concedió seis meses más pero a la defensa de Javier Duarte, entonces encabezada por Marco Antonio del Toro, para reunir pruebas a favor de su cliente a pesar de que esto podría generar que la sentencia del caso demore un año más.
La nueva defensa
El 15 de marzo pasado, el despacho de Marco Antonio del Toro anunció que dejó de llevar la defensa del ex gobernador, por ello, Ricardo Antonio Sánchez Reyes Retana tomó el control del asunto.
El abogado, que también representa al ex mandatario de Chihuahua, César Duarte, será el encargado el próximo 31 de julio de presentar los datos de prueba necesarios para desvirtuar las acusaciones contra Javier Duarte.
