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La Procuraduría General de la República teme que la ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) Elba Esther Gordillo Morales pueda darse a la fuga desde el edificio contiguo al departamento en el que se encuentra recluida en la colonia Polanco de la Ciudad de México, por lo que un juez federal ordenó limitar sus comunicaciones y visitas.
La dependencia considera que desde que fue trasladada ahí los elementos de la Agencia de Investigación Criminal no han podido ingresar a verificar el inmueble.
“Hasta hoy no se ha permitido al personal de la Agencia de Investigación Criminal realizar una revisión en el interior del inmueble de referencia y poder descartar que tenga conexión con algún inmueble contiguo o bien del mismo edificio y que pudieran facilitar la sustracción de la acción de la justicia de la procesada”, indica.
En la petición que la PGR dirigió al juez Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales afirmó que los policías que custodian el lugar pueden pasar periodos largos sin tener contacto visual con ella.
Insistió en que se le vuelva a colocar el brazalete electrónico que le fue retirado durante su primera semana en el penthouse de Polanco en el que se encuentra bajo prisión domiciliaria.
“En virtud del contenido del informe rendido por los elementos de la Policía Federal Ministerial donde se advierte que pasan periodos prolongados sin que se tenga contacto visual con la procesada Elba Esther Gordillo Morales y el hecho de que lleguen personas a visitarla no implica que ella esté dentro del inmueble y que sea solamente un distractor, por eso se requiere y se reitera la imperiosa necesidad de la colocación del brazalete electrónico como la única medida objetiva y que garantiza la secuela procesal”, agregó.
La dependencia argumentó que la influencia moral de Gordillo como líder sindical podría “desestabilizar la paz y seguridad del Estado mexicano”.
“Resulta imperioso que se establezca un régimen de control de comunicación para dar cumplimiento de forma adecuada a la medida de seguridad concedida en su momento y evitar un descontrol que permita perder el sentido y esencia de la prisión preventiva domiciliaria”, señaló en el escrito presentado el 8 de febrero pasado.
Insistió en que se requiere tener un mayor control del domicilio en el que se encuentra recluida para que pueda ser localizable y vigilada permanentemente porque los elementos de la AIC no pueden observarla directamente al interior del departamento.
La PGR manifestó que diariamente la maestra recibe más de una decena de visitantes pero que los elementos de la AIC no tienen conocimiento de los temas que entabla con estas personas.
“Esta representación social estima que la procesada en lugar de tener una prisión domiciliaria tiene una oficina de despacho en donde atiende a un sinfín de personas, desconociendo para qué fines”, señala.
El pasado 13 de febrero, el juez dictó un acuerdo en el que ordenó a la ex dirigente magisterial que presente en 24 horas una lista de las visitas frecuentes que tiene y que las llamadas telefónicas que realice sólo sean con las personas de esa lista.
Ordenó que abogados, familiares o amigos que acudan al domicilio en Polanco, en el que se encuentra bajo la medida de prisión domiciliaria, no entren con celulares o computadoras y que, si lo hacen, uno de los policías encargados de la custodia del lugar entre con ellos y esté todo el tiempo presente.
Al recibir la notificación de la determinación del juez el abogado de la ex lideresa, Marco Antonio del Toro afirmó que la determinación es ilegal, puesto que se trata de una injerencia en la vida privada de su cliente, por lo que presentó un amparo.
“Esta mordaza propia de regímenes totalitarios no hace sentido con el beneficio de la prisión preventiva domiciliaria. Y es que la prisión domiciliaria consiste en el beneficio del adulto mayor con precario estado de salud de permanecer en su domicilio en tanto se concluye el proceso penal que se le sigue”, detalló el abogado mediante un comunicado.
“Las medidas de seguridad deben instrumentarse únicamente para que el adulto mayor no abandone dicho domicilio. A eso deben constreñirse. De ninguna manera faculta a autoridad alguna para introducirse en el domicilio, revisar mensajes de texto, correos electrónicos, escuchar conversaciones, oír llamadas”.
Derechos a la intimidad. “A final de cuentas es una invasión a la vida privada, es un ataque al derecho a la intimidad, un ataque también a la privacidad de un domicilio, puesto que la privación domiciliaria es un espacio de donde no se debe salir mientras se está en proceso, no es un espacio donde se debe de tener un control de llamadas, de correos electrónicos, etcétera”, dijo.
El abogado indicó que la resolución del juez Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales ordenó que el contacto que tuviera la ex líder magisterial “fuera única y exclusivamente con abogados y médicos, es decir, personas ajenas a su familia, que fuera única y exclusivamente con ese tipo de personas, que no viera ni que tenga comunicación con amistades”.
Respecto al estado de ánimo de Gordillo Morales, Marco Antonio del Toro informó que se encuentra con buena disposición, “está firme con su posición de inocencia, y ahora cada día le resulta más evidente el carácter de perseguida política que ha tenido”.
Con información de Valente Rosas
