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La Procuraduría General de la República (PGR) aseguró que no comparte el fallo del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito con sede en Tamaulipas, luego de que éste ordenó la creación de una comisión de la verdad para el caso Iguala, porque concluyó que la investigación que realizó la dependencia no fue “pronta, efectiva, independiente ni imparcial”.
La dependencia respondió que no comparte el criterio de los amparos en revisión 203/2017 al 206/2017, otorgados a varios implicados en el caso, ya que los magistrados “desconocen la división de poderes y las facultades de persecución, investigación y el ejercicio de la acción penal que, de acuerdo al artículo 21 de la constitucional, corresponde al Ministerio Público”.
A través de un comunicado indicó que no ha sido notificada hasta este momento; sin embargo, realiza un análisis de la versión pública de la resolución dada a conocer por el Poder Judicial para determinar las acciones legales.
Respecto a las acusaciones de tortura, la PGR reviró que a través de la Unidad Especializada tiene abiertas diversas carpetas de investigación en las que constan los dictámenes practicados por peritos certificados y con autonomía técnica conforme al Protocolo de Estambul.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) presentó en marzo un informe en el que señaló que 34 personas detenidas fueron torturadas y sometidas a tratos inhumanos por elementos de la Policía Federal y de la Marina al momento de ser detenidos.
El organismo analizó los casos y entrevistó a 33 hombres y una mujer, relacionados con los hechos registrados el 26 y 27 de septiembre de 2014, y aseguró que “cuenta con fuertes elementos de convicción de que dichas personas habrían sido sometidas a tortura y a otras violaciones de derechos humanos, entre septiembre de 2014 y enero de 2016”.
En todos los casos analizados, los individuos presentaron numerosas lesiones físicas, certificadas por exámenes médicos que son compatibles con lesiones resultado de tortura y agresiones.
Además, la ONU-DH en México subrayó que existe una serie de declaraciones autoinculpatorias “libres y espontáneas hechas por los detenidos ante los elementos”.
La Procuraduría General de la República (PGR) reiteró que la investigación continúa y se trabaja en diferentes líneas, entre ellas las sugeridas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través del Mecanismo de Seguimiento, y toma en cuenta las observaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
