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Los resultados obtenidos en los casos de homicidio contra periodistas en el país indican que el reto de “abatir la impunidad no está cumplimentado”, admitió el fiscal especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la PGR, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo.
Ninguno de los agresores de periodistas detenidos hasta el momento por la FEADLE ha sido sentenciado por un juez, todos están siendo procesados, subraya Sánchez Pérez del Pozo.
En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa el balance que tiene la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) desde 2010 a diciembre de 2017 es de 74 reporteros asesinados, 10 de los cuales se cometieron en 2017, mientras que en lo que va de 2018 son tres: el del tamaulipeco Carlos Domínguez; Pamela Montenegro, de Guerrero, y Leobardo Vázquez, de Veracruz.
Según las estadísticas del organismo, desde 2000 y hasta 2017 los estados con mayor incidencia de muertes son Veracruz, con 21; Oaxaca, 15, Tamaulipas, 14; Guerrero, 14, Chihuahua, 14, y Sinaloa, 7.
De reporteros desaparecidos, la CNDH contabiliza 20 casos de 2005 a diciembre de 2017. El más reciente es el de Agustín Silva Vázquez, de El Sol del Istmo, el 21 de enero pasado.
El Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, operado por la Secretaría de Gobernación, apoya actualmente a 273 comunicadores amenazados y agredidos.
Homicidas detenidos
A la fecha, la FEADLE ha hecho efectivas 16 de las 23 órdenes de aprehensión obtenidas entre 2017 y 2018 contra presuntos homicidas de reporteros.
Destaca la detención de cinco sujetos implicados en la muerte del periodista de Baja California Sur, Max Rodríguez Palacios; seis vinculados al caso de Carlos Domínguez, reportero en Nuevo Laredo; uno vinculado al caso del periodista sinaloense Javier Valdez Cárdenas; y uno relacionado con el asesinato de la chihuahuense Miroslava Breach.
“Con estos resultados no podemos señalar que el pendiente relacionado con abatir la impunidad esté cumplimentado. Nosotros sabemos y tenemos absoluta conciencia de que estos resultados tienen que seguir creciendo día con día para abatir la impunidad”, reconoció.
Aunque el número de órdenes de aprehensión gestionadas por la fiscalía especializada por los delitos de homicidio, abuso de autoridad, lesiones y daños en propiedad ajena pasó de cuatro en 2016, a 29 en 2017, y actualmente suman 14, la FEADLE presenta rezagos en la atención de casos que se denunciaron desde 2010 y que siguen sin resolverse.
La oficina de la PGR inició este año con 110 expedientes abiertos desde 2010 y al día de hoy, según sus estadísticas, acumula solamente 80 relacionados con diversos delitos en los que aún no hay detenidos.
Entre 45% y 50% de las 350 denuncias que los periodistas mexicanos presentan cada año ante la FEADLE siguen siendo por amenazas, después están el abuso de autoridad, las lesiones y el daño en propiedad ajena.
Para atender el creciente número de denuncias por amenazas, la fiscalía creó una Unidad de Investigación y Litigación Especial para este delito, que se castiga con una pena que va de tres días a un año de prisión.
“Es el delito que tiene una menor penalidad dentro de las investigaciones que lleva a cabo la FEADLE. La ley y el Código Penal federal marcan una penalidad de tres días a un año de prisión, es decir, que [para] la persona que vaya a ser imputada no es posible solicitar una orden de aprehensión en su contra, sino una citación a proceso y que aun cuando se le declare culpable de una sentencia, hay métodos alternativos para cumplir la condena que no implicarían la privación de la libertad”, lamentó el fiscal.
Hasta el momento la oficina ha resuelto 11 casos, dos de ellos en abril, a través de mecanismos alternativos contemplados en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
“La gran mayoría de los casos que se presentan en la fiscalía permiten una atención a través de los métodos alternativos de solución de controversias. Debemos empezar a tener una cultura para resolver este tipo de asuntos de una manera que no necesariamente llegue a un juicio”, consideró.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) tiene registrados más de 50 casos de periodistas que son víctimas directas y han sido atendidos en el orden federal, la mayoría son de los estados de Guerrero, Veracruz y Tamaulipas.
El titular de la CEAV, Jaime Rochín del Rincón, insistió que en los estados deben diseñar una política de prevención y atención a los periodistas, puesto que la mayoría de los asesinatos cometidos contra el gremio son investigados en el fueron común.
Urgió a que empiecen a funcionar realmente las comisiones ejecutivas en las entidades, porque eso haría que la gran mayoría de las víctimas pudieran ser atendidas y acompañadas desde cada estado.
Un factor determinante
Para Jorge Luis Sierra, especialista en temas de seguridad, una de las principales razones del aumento en los asesinatos es la impunidad, porque cerca de 90% de los casos están sin resolver, lo que “constituye un aliciente para quien está dispuesto a atacar a un periodista”, porque sabe que no habrá repercusiones.
Señala que los casos no son investigados a fondo y eso conlleva un costo jurídico muy grande, porque en donde hay sistemas de administración de justicia que funcionan con rapidez y objetividad prácticamente las agresiones a reporteros son mínimas.
El experto resalta que una de las debilidades de los organismos de justicia es que están concentrados principalmente en la Ciudad de México, alejados de los estados en donde están ocurriendo los homicidios.
