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Las costas de Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit son utilizadas por los grupos criminales para abastecer de combustible producto del huachicoleo, así como de gasolina legal, a embarcaciones menores con cargamentos de cocaína, procedentes de Ecuador y Colombia, principalmente, con destino a Estados Unidos.
Informes del gabinete de seguridad señalan que las fuerzas navales tienen detectadas rutas en esa zona marítima del Pacífico mexicano, a 200 kilómetros de la costa, las cuales son utilizadas con frecuencia por grupos que trasladan combustible preparado (gasolina con aceite), para recargar a las lanchas rápidas que llevan la droga.
Para el traslado de la droga a lo largo de la costa de México, los cárteles del narcotráfico adquieren gasolinas de manera legal o ilegal a través de los huachicoleros y someten ese combustible a un proceso en el que le incorporan aceites y otros compuestos con los que mueven las embarcaciones rápidas a una distancia específica de 200 kilómetros mar adentro.
Datos de las autoridades refieren que al trazar esas rutas los grupos provenientes de Centro y Sudamérica, junto a sus socios de México, evitan que sus embarcaciones tengan que pisar territorio mexicano o acercarse de tal manera que puedan ser interceptados por las guardias costeras.
De enero a mayo de este año, la autoridad marítima nacional ha asegurado 6.7 toneladas de cocaína en altamar, la cantidad más alta en un periodo de cinco meses.
Estadísticas de la Semar indican que el personal naval, en funciones de Guardia Costera, incauta aproximadamente una tonelada del alcaloide al mes, principalmente frente a los puertos de Manzanillo, Colima; Lázaro Cárdenas, Michoacán, y Acapulco, Guerrero, procedente de Sudamérica.
Ante este panorama, las fuerzas de seguridad mexicanas están en alerta por el repunte sostenido en la producción de cocaína en Sudamérica.
Un diagnóstico elaborado por la recién creada Oficina Nacional de Política de Drogas de la Procuraduría General de la República (PGR) señala que las áreas de seguridad diseñan acciones operativas, tales como el reforzamiento de la vigilancia en costas y principales puertos del país, para actuar ante lo que están previendo: un tráfico cada vez mayor de cocaína por tierra y mar hacia Estados Unidos.
“Desde hace dos años el informe mundial de drogas está reportando un incremento sostenido en la producción de cocaína en Sudamérica, lo cual sin duda nos está alertando”, subraya el documento.
Advierte que en el mar el personal naval se enfrenta a diversas modalidades de tráfico de cocaína, como la reactivación de submarinos y otras embarcaciones sofisticadas para el trasladado de cargamentos a Estados Unidos y Europa, considerados los principales mercados de consumo.
“No necesitamos esperar a que llegue el problema para poder actuar”, comentó el titular de la Oficina Nacional de Política de Drogas de la PGR, Óscar Santiago Quintos.
En marzo, tras asumir la Comisión de Estupefacientes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, en suplencia de procurador, Alberto Elías Beltrán, firmó diversos acuerdos bilaterales con países de la región, como Colombia, para tomar medidas y enfrentar la situación en coordinación.
Hace un año que la Marina-Armada de México asumió el control de las 98 capitanías de puerto en activo y se constituyó como la Autoridad Marítima Nacional, en funciones de Guardia Costera.
Desde entonces, los elementos navales intensificaron la revisión de buques en los puertos de Lázaro de Cárdenas, Manzanillo, Veracruz, Altamira, Ciudad del Carmen, Ensenada, Tuxpan, Puerto Juárez y Cancún, que concentran la actividad comercial marítima.
En enero, personal adscrito a la Décima Cuarta Zona Naval, con sede en Puerto Chiapas, decomisó 910 kilogramos de polvo blanco, ocultos en 38 bultos.
Días después, el 8 de febrero, los marinos aseguraron 42 kilogramos de cocaína, cargamento que fue localizado a bordo del buque Cautín con bandera de Liberia, procedente de Buenaventura, Colombia, con destino a Manzanillo, Colima.
El 15 de febrero, la Octava Región Naval detuvo a siete personas, entre ellas tres colombianos, y aseguró una embarcación menor con aproximadamente 41 bultos con polvo blanco que pesaban mil kilogramos.
