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La Procuraduría General de la República (PGR) citó a comparecer al empresario Manuel Barreiro para que explique la red de lavado de dinero que ordenó para triangular más de 54 millones de pesos, con los que adquirió una nave industrial, propiedad del candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya.
Funcionarios de la dependencia informaron que el miércoles se giró el citatorio a Barreiro, quien podría encontrarse en Canadá, para que se presente ante la procuraduría en calidad de indiciado.
El miércoles la dependencia solicitó al Instituto Nacional de Migración (INM) activar la alerta migratoria contra el empresario, para mantener vigilados sus movimientos.
Mediante un comunicado, señaló que en octubre del año pasado inició una carpeta de investigación contra Barreiro Castañeda, derivada de una denuncia por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, para triangular los recursos con los que se adquirió la nave industrial de Anaya, a través de la empresa Juniserra, S. de R.L. de C.V.
Indicó que Alberto “N” y Daniel “N”, quienes a través de su abogado, Joaquín Xamán McGregor, denunciaron que fueron contratados por Barreiro Castañeda para diseñar un esquema financiero a través de empresas fachada, solicitaron protección a la procuraduría.
Alberto “N” describió que a través de mejoras se infló el precio del inmueble adquirido por la familia de Anaya para generarle un mayor beneficio a la empresa Juniserra. (ESPECIAL)
En tanto, el juez Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México concedió la suspensión provisional a favor de Barreiro para que la PGR no lo consigne ante un juez y solicite orden de aprehensión en su contra, pues actualmente es investigado por supuestamente liderar una red de lavado.
El empresario acusó que desde el 14 de febrero pasado presentó dos escritos para solicitar información sobre la carpeta de investigación, sin obtener respuesta.
El juez concedió la suspensión provisional al considerar que, de lo contrario, podría causarse un perjuicio mayor tanto a Barreiro como a otras personas que también figuran como quejosos y cuyos nombres no han sido publicados por el Consejo de la Judicatura Federal.
La medida no impide a la PGR continuar con su investigación, únicamente impide que, para el caso de que el empresario figure como imputado, la dependencia ejerza acción penal en su contra y solicite una orden de aprehensión.
“De no otorgarse, con la ejecución del acto se causaría a los quejosos daños y perjuicios de difícil reparación en esas condiciones, se concede la suspensión provisional para que en caso de que efectivamente tenga la calidad de imputado en la carpeta de investigación PGR/UEIORPIFAM/979/2017 o cualquier otra, la autoridad ministerial responsable no las determinen por cuanto hace a los quejosos, siempre y cuando no se contravengan disposiciones de orden público”, indicó el juez.
La medida es provisional, por lo que si la PGR informa que el empresario y los otros quejosos no tienen carácter de imputados en ninguna de sus carpetas de investigación, el juez de amparo puede revocarla.
El juez citó para el 29 de marzo próximo para la celebración de la audiencia constitucional en la que decidirá si concede o no el amparo.
Inflan precio. En la carpeta de investigación abierta por la PGR, las declaraciones de Alberto “N”, uno uno de los dueños de la sociedad Tesorem, empresa que habría lavado dinero en empresas extranjeras y paraísos fiscales para adquirir la nave industrial de Anaya y su familia, describió que a través de mejoras se infló el precio del inmueble para generarle un mayor beneficio económico a la empresa Juniserra y que el comprador pagara el menor monto de impuestos posibles.
Con ello, la nave industrial alcanzó el precio de 54 millones de pesos, cuando la familia de Anaya la compró en 10 millones.
“A través de un avalúo de mejoras, reconocerle ciertas mejoras al terreno, que en realidad no tiene, a efecto de generar el mayor beneficio posible a Juniserra y, por otro lado, lograr para la persona que vende, el menor pago posible de impuestos en la operación de venta”, declaró Alberto “N”.
El pasado 28 de agosto, EL UNIVERSAL publicó que el 19 de mayo de 2014, Juniserra, propiedad de los suegros de Ricardo Anaya, Donino Ángel Martínez y Maribel Natalia Franco, y sus familiares, incluida la esposa del panista, Carolina Martínez Franco, adquirió el lote 82, de 15 mil 682 metros cuadrados, en 10 millones 717 mil 644 pesos, según consta en la escritura pública 61175. (Con Información de Notimex)
