Sandra Ávila Beltrán
, alias la Reina del Pacífico , intentó salir de México pero en diversos países le han negado la entrada a pesar de que ya fue exonerada por las autoridades mexicanas por los delitos de lavado de dinero y de haber cumplido con su deuda ante la justicia estadounidense.
Mediante un juicio de amparo, solicitó a un juez federal anular cualquier clase de ficha, aviso o acto en el que se le catalogue o etiquete como delincuente , pues argumentó que esto la denigra y discrimina generando que “algunos gobiernos le impidan el ingreso”.
La demanda fue presentada el pasado 11 de octubre ante el Juez Séptimo de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México, Julio Veredín Sena Velázquez, quien la admitió el pasado lunes sin pronunciarse sobre suspensión alguna.
En febrero de 2015 libró la última acusación pendiente en su contra por supuestamente lavar 10 millones de pesos al comprar , con dinero del narcotráfico, dos seguros de vida.
En el caso, un tribunal federal de Jalisco revocó la condena de 5 años de prisión que le fue impuesta por dicho delito por lo que ordenó su liberación inmediata del penal federal de El Rincón en Tepic, Nayarit .
Ávila Beltrán permaneció dos años en dicho centro penitenciario luego de ser repatriada desde Estados Unidos donde se declaró culpable de financiar a su novio, Juan Diego Espinoza “El Tigre” , operador del Cártel del Norte del Valle de Colombia .
Tras declararse culpable del delito de asociación delictuosa, conspiración para poseer 100 kilos de cocaína con intención de distribuirlos e importar diversos cargamentos de dicha sustancia a Estados Unidos , fue condenada a 70 meses de prisión pero el juez del caso, Michael Moore, tomó en consideración los 5 años que había estado presa en México y sólo pasó un año más en una cárcel estadounidense.
Desde 2007 Sandra Ávila Beltrán fue identificada por las autoridades como una de las principales operadoras de Ismael “El Mayo” Zambada , líder del Cártel de Sinaloa.
Por ello, las autoridades lograron su detención cerca de un restaurante de San Jerónimo en la Ciudad de México y la acusaron por delincuencia organizada, delitos contra la salud en su modalidad de fomento y operaciones con recursos de procedencia ilícita, sin embargo, la Procuraduría General de la República nunca pudo comprobarle dichas imputaciones ni sus vínculos con Zambada.
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