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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) analiza el alcance de la sentencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito sobre el caso Ayotzinapa, mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presenta hoy su balance del Mecanismo de Seguimiento de la desaparición de 43 normalistas.
La CNDH revisa el sentido y alcance de la sentencia respecto a los amparos 203/2017 al 206/2017, relacionados con los hechos sucedidos en Iguala, Guerrero, los días 26 y 27 de septiembre de 2014, puesto que no estaba al tanto de los términos en los que fueron planteados dichos recursos.
Indicó que para poder emitir su opinión sobre el pronunciamiento judicial procedió a conocer los elementos de convicción valorados y los argumentos esgrimidos por magistrados para llegar a esa determinación.
La CNDH reiteró su compromiso con el Estado de derecho y señaló que en el marco de su competencia y atribuciones, pero sobre todo en el pleno ejercicio de su autonomía constitucional, actuará con estricto apego a la ley, para continuar con las labores de investigación que de manera comprometida ha desarrollado para la determinación de violaciones graves a derechos humanos, las cuales le permitirán emitir la recomendación correspondiente.
En tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presenta hoy en Washington el Informe de Balance del primer año del Mecanismo Especial de Seguimiento de Ayotzinapa, el cual revisa el cumplimiento de las recomendaciones que ha emitido el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en la investigación.
En mayo de 2016 el GIEI emitió 20 recomendaciones a la Procuraduría General de la República, en las que indicó la necesidad de unificar las distintas causas penales del caso, evitar la fragmentación de la averiguación previa incorporando otras indagatorias, tratar que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) no interfiriera, que se consideraran otras violaciones a derechos humanos y delitos, así como tomar las declaraciones de testimonios pendientes.
Instó a dar seguimiento a la información de telefonía de los presuntos perpetradores y los normalistas, confrontar la evidencia balística con armas de diferentes policías, continuar colaborando con Innsbruck y el Equipo Argentino de Antropología Forense, requerir la documentación militar que no ha sido entregada y agotar la investigación de posible traslado transnacional de estupefacientes.
Hizo un llamado a hacer la plena identificación del quinto autobús, indagar denuncias por tortura, determinar la responsabilidad por omisión de los cuerpos de seguridad, capturar a los presuntos responsables prófugos e investigar su patrimonio.
En los últimos cinco puntos recomendó indagar la posible obstrucción de la investigación, difundir la narrativa del caso acorde con los hallazgos del GIEI, continuar con la búsqueda de los normalistas, mantener el diálogo con los familiares de los 43 y evitar la revictimización.
Durante este periodo los familiares de los normalistas han manifestado la falta de avances concretos para encontrarlos y su temor a que se trate de dar carpetazo al caso.
AI: resolución marca precedente. Amnistía Internacional (AI) dijo que la creación de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia marca un precedente en la forma de investigar graves violaciones a los derechos humanos. Señaló que la sentencia reconoció que en México no hay una fiscalía independiente y que la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos ha sido “defectuosa” y no ha considerado las líneas de investigación adecuadas.
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, aseguró que la sentencia le resta verosimilitud a la llamada verdad histórica.
“Parece quedar demostrado que la teoría del caso de la Procuraduría General de la República, referida al supuesto asesinato e incineración de los estudiantes en un basurero en Cocula, es poco creíble y que es mantenida solamente a costa de ignorar las pruebas y alterar la evidencia”, afirmó.
Criticó que “la reacción inicial de la PGR de manifestar públicamente su desacuerdo con la sentencia en vez de establecer una ruta clara para su cumplimiento hace pensar que el gobierno de México no ha entendido su responsabilidad en la investigación y sanción en este caso de graves violaciones de derechos humanos”.
