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La Fiscalía General de Nayarit trabaja en 400 averiguaciones previas y carpetas de investigación contra ex servidores públicos del gobierno de Roberto Sandoval, en las que está incluido el ex mandatario, relacionadas con diversos delitos como malversación y el uso indiscriminado de recursos públicos e injustificados, abusos de autoridades, detenciones ilegales y fabricación de delitos, afirmó el titular de esa instancia Petronilo Díaz-Ponce Medrano.
En entrevista con EL UNIVERSAL realizada en la oficina en la que operaba el ex titular de esa fiscalía Édgar Veytia, conocido como El Diablo, Díaz-Ponce Medrano dijo sobre Roberto Sandoval que hay algunas denuncias presentadas en su contra, sin precisar por qué delitos.
Resaltó que se realiza la integración correspondiente de las denuncias que se han recibido contra el ex mandatario, “haciéndonos allegar los elementos suficientes para, de una manera muy responsable, ejercer la acción penal, de ser procedente. Nosotros vamos a actuar ajustados a derecho, sin fobias, sin rencores, sin persecuciones ilícitas, porque es precisamente de lo que veníamos padeciendo”.
Con cuatro meses en el cargo, destaca que de la administración anterior “hay registros de los abusos de autoridades, detenciones ilegales, fabricación de delitos y judicialización de carpetas”.
Sobre la forma en que operó el fiscal Édgar Veytia, indica que es imposible que un gobernador no se dé cuenta del trabajo que realizan los servidores públicos. Entre otras irregularidades, dice que fueron maquilladas las cifras de delitos.
Hace un llamado a la Federación para que intervenga de manera decidida, ya que los delitos que se cometieron son del fuero federal y es lo que heredaron del gobierno anterior. Agrega que el cambio en la fiscalía tiene un fin: recuperar la credibilidad ante la sociedad.
¿En el fuero común hay carpetas de investigación sobre el ex gobernador Roberto Sandoval y gente que es cercana a él?
—Sí, hay varias denuncias presentadas y no en contra de una sola persona. Recibimos alrededor de 400 carpetas de investigación y averiguaciones previas en contra de ex funcionarios públicos y hemos judicializado algunas. Se han logrado girar alrededor de siete u ocho órdenes de aprehensión, tenemos sujetas a procedimiento penal a cinco personas para que respondan sobre la malversación y el uso indiscriminado de recursos públicos.
¿Están detenidas?
—Estuvieron unos días detenidos, pero el juez les concedió el cambio de medida cautelar y otorgaron la fianza correspondiente. Están sujetas a proceso y acogiéndose a los beneficios del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, la prisión preventiva es la excepción y la presunción de inocencia es la generalidad.
Con base en esta mezcla de principios y de procedimientos entre el viejo sistema penal y el actual, se está llevando la solventación del mismo.
¿Y qué pasa con el ex gobernador?
—Desconozco dónde pueda estar físicamente, aquí hay algunas denuncias presentadas en su contra y una vez girando los citatorios correspondientes y respetando sus derechos fundamentales de todas las personas que están siendo denunciadas, van a ser citadas para que manifiesten lo que a su interés convenga.
¿Hay elementos suficientes para solicitar una orden de aprehensión?
—Eso lo va a dar la investigación, los indicios que puedan aportar las partes, ya sea que el afectado sea el estado o la Federación. Lo que te puedo decir es que no sólo en contra de un ex funcionario público, sino de varios, hay alrededor de 400 averiguaciones previas y carpetas de investigación. De encontrarse indicios suficientemente convincentes y ajustados a derecho, vamos a proceder la acción penal en contra de esas personas.
Son varios meses desde que terminó el gobierno de Sandoval, ¿no hay elementos suficientes para citarlo?
—Estamos haciendo la integración correspondiente de las denuncias, haciéndonos allegar los elementos suficientes para, de una manera muy responsable, ejercer la acción penal si es procedente.
Lo que quiero puntualizar es que vamos a actuar ajustados a derecho, sin fobias, sin rencores y sin persecuciones ilícitas, porque es precisamente de lo que veníamos padeciendo.
Fiscal, ¿habrá simulación?
—No. Precisamente es parte del hartazgo ciudadano que se tiene en Nayarit. La simulación jurídica, la ilicitud en los procedimientos y las apariencias son lo que más dañó a la sociedad. La credibilidad y poca fe que tienen a sus instituciones de procuración y administración de justicia.
¿Sigue pesando el nombre de Édgar Veytia en la fiscalía?; es decir, ¿hay personas cercanas al ex fiscal infiltradas o ya está limpia la fiscalía?
—Te podría decir que 80% o 90% de quienes laboran en la fiscalía son personas que vienen a cumplir su trabajo, que se han dedicado, sobre todo en el caso de Ministerios Públicos, peritos, inclusive la misma policía, a capacitarse y actualizarse en el nuevo sistema penal.
Definitivamente hay señalamientos de personas que pertenecían o estaban muy cerca del ex fiscal [Édgar Veytia], pero ya no laboran aquí, unos renunciaron, otros se fueron.
Lo que hemos empezado a hacer es que los recursos humanos se sometan a los exámenes de control y confianza que tiene determinados el Sistema Nacional de Seguridad Pública, porque si no tenemos personas debidamente capacitadas y 100% confiables, nuestro trabajo va a ser muy difícil frente a la sociedad.
¿Es posible que un gobernador no se dé cuenta de lo que está haciendo su gente?
—Es muy difícil que dentro de la administración pública todas y en cada una de las dependencias no se perciba lo que está sucediendo. Era un reclamo social, era poco creíble que se pudiera pasar por alto el desempeño de un funcionario que no se estuviera acogiendo a sus facultades.
¿Se maquillaron las cifras en la administración pasada?
—Una de las principales anomalías que hemos encontrado es que todos los índices delictivos se encontraban sumamente manejados o maquillados, prácticamente en todos los delitos. Únicamente se reportaban las carpetas o averiguaciones previas que estaban determinadas, encontrándose un sinnúmero de constancias de hechos delictivos que denunciaba la ciudadanía, tomaba conocimiento de manera oficiosa la autoridad y lo dejaba como una constancia sin darle la calidad de averiguación previa. Estaban muy alterados los delitos que se reportaban.
¿Cuántas denuncias tienen por delitos como desaparición y homicidio?
—De secuestro tenemos una o dos; por homicidios dolosos, alrededor de 230 denuncias, y por desaparición, 173, pero 94 están pendientes de ser localizadas, 63 fueron halladas con vida y 16 sin vida.
¿Cuál es la diferencia entre el antes y el después en la fiscalía?
—Estamos a punto de cumplir cuatro meses desde que inició su gestión gubernamental la administración; la institución, de manera particular, antes se destacaba dentro de la sociedad por ser una institución cuyos representantes operaban de una manera muy arbitraria y con un desorden institucional muy marcado.
Lejos de cumplir con su obligación de procurar justicia, lo que hacía era arrogarse las facultades de seguridad pública e inclusive algunas funciones del Consejo Estatal de Seguridad Pública.
Todo ese tipo de facultades se concentraba en una sola persona [Édgar Veytia], quien ejercía a discreción todas esas atribuciones, excediéndose en su ejercicio, haciendo una concentración de las facultades y cayendo en una arbitrariedad en su desempeño.
Hay registros de los abusos de autoridades, detenciones ilegales, fabricación de delitos y judicialización de carpetas. La población está acudiendo con una queja constante de delitos inventados y aprehensiones arbitrarias.
Encontramos irregularidades en la infraestructura de la fiscalía como los laboratorios de genética forense y el C5, la dirección de servicios periciales. Había una gran descomposición institucional.
¿Qué hacer para que la sociedad crea en la fiscalía?
—La manera de recobrar la confianza de la ciudadanía es que pueda acercarse con toda confianza y que tenga la certeza de que la institución le va a ayudar a que esa falta o daño que fue cometido contra su patrimonio o persona se vea resarcido; en pocas palabras, que combatamos la impunidad, que nos apeguemos a la legalidad y hagamos cumplir el marco normativo en favor de la ciudadanía.
El objeto de cualquier institución de procuración de justicia es que no se lleve a cabo la venganza privada o ni los ciudadanos hagan justicia por su propia mano.
Que la persona que delinque sea procesada, llevada ante un juez y de encontrarla culpable, que se le imponga la pena o sanción correspondiente.
¿Hay una cooperación entre el gobierno estatal y la Federación, en este caso con la PGR?
—En el día a día de distintos asuntos, sí. Sin embargo, sentimos que como estado necesitamos una intervención más decidida por parte de la Federación, que nos ayuden a lidiar con la carga de hechos delictivos que inclusive son competencia federal. Definitivamente necesitamos mayor intervención de la Federación en cuanto al uso de sus atribuciones para la persecución de los delitos federales.
En la comisión de los hechos delictivos que se están presentando en Nayarit, estimamos que son producto de la comisión de ilícitos de competencia federal y es necesario que la Federación coadyuve de manera más decidida para combatirlos.
Aquí en la fiscalía estamos resueltos a hacer la persecución de los mismos en lo que compete a nuestro ámbito, pero vemos una serie de delitos que son de materia federal y necesitamos cooperación por parte de la Federación.
