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A tres años del ataque en el municipio de Iguala a los normalistas de la escuela rural Raúl Isidro Burgos, la Procuraduría General de la República (PGR) no ha sido capaz de llevar a una sentencia condenatoria a los más de 130 detenidos, la mayoría integrantes de la organización Guerreros Unidos.
Ninguno de los implicados y a quienes se les inició proceso tienen acusaciones por desaparición forzosa, sólo cuatro casos tienen acreditado el homicidio o tentativa de homicidio.
Al hacer un balance sobre las acciones que ha emprendido la dependencia para la búsqueda de los 43 jóvenes, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH) calificó como “estancada” la investigación que tiene abierta la PGR con el número de expediente AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015.
A 36 meses de los hechos, la organización defensora de derechos humanos que acompaña a los padres de los normalistas señaló irregularidades durante el proceso de investigación que no han sido resueltas, como el ocultamiento de información al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) relacionada con una libreta que le fue asegurada a un integrante de Guerreros Unidos en la que presuntamente se tenía un listado con datos de funcionarios.
El documento del Centro ProDH menciona que otro tema que no tiene avance es la diligencia realizada el 28 de octubre de 2014 en el río San Juan por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y que no fue informada al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
Durante la diligencia fue llevado al río uno de los detenidos, Agustín García Reyes, El Chereje, porque, según las pesquisas de la PGR y las declaraciones de algunos detenidos, habrían aventado allí bolsas de plástico con los restos de los normalistas. Para el Centro ProDH, el traslado de García Reyes fue ilegal porque ocurrió en ausencia de su defensor.
“Hasta el día de hoy no hay ningún proceso iniciado por el delito de desaparición forzada ni mucho menos alguna sentencia que imponga sanciones por este crimen. Durante el periodo en que el GIEI estuvo en México detectó múltiples irregularidades en la investigación y demandó que éstas fueran debidamente indagadas y sancionadas”, sostuvo.
El seguimiento. Las líneas de investigación que han solicitado los familiares de los normalistas, relacionadas con la actividad que todavía tuvieron los celulares de los jóvenes días después del ataque; la posible participación de policías municipales de Huitzuco, de militares y el trasiego de droga en autobuses con destino a Estados Unidos, también son señalados con rezagos por el Centro ProDH.
En el caso de los teléfonos de los normalistas, refiere que aunque el GIEI recomendó que se profundizara la investigación no hay nada concreto al respecto; según el grupo, por lo menos siete teléfonos tuvieron actividad pese a que la PGR aseguró que los aparatos habían sido destruidos.
“Esto es especialmente grave, dado que hay indicios de que algunos de estos aparatos, o sus chips, estuvieron en manos de servidores públicos aún no acusados; a la fecha, la PGR no ha concluido el análisis de telefonía”, dijo.
Según el Centro Pro, el documento refiere que la PGR menciona la detención de 170 personas, aproximadamente, relacionadas con la desaparición de los estudiantes; de ese total, 97 son presuntamente integrantes de Guerreros Unidos, 54 policías de Iguala y 19 policías de Cocula; sin embargo, sólo alrededor de 70 están directamente acusados de los delitos cometidos contra los normalistas.
En cuanto a la posible participación de elementos policiacos de otras corporaciones, se indica que se tiene demostrado que en los puntos en los que fueron interceptados y detenidos los normalistas, como el Palacio de Justicia de Iguala y la vialidad en la que fue agredido el autobús del equipo de futbol de los Avispones, habrían participado policías de Huitzuco, pero ninguno de ellos ha sido detenido.
Cabe recordar que el informe del GIEI menciona que, de acuerdo con testimonios, se estableció un radio de 80 kilómetros, desde el punto de ataque, para evitar que los normalistas pudieran salir de Iguala la noche del 26 de septiembre.
El documento del GIEI detalla que en una salida de Iguala había elementos de la Policía Federal que desviaban la circulación por un camino de terracería y que ese radio que establecieron diferentes corporaciones era desde la carretera Iguala-Chilpancingo hasta la comunidad de Sabana Grande, en Mezcala, incluyendo Huitzuco.
“Por cuanto hace a la Policía Federal, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos acreditó que en uno de los lugares donde un grupo de estudiantes fue detenido y luego desaparecido había al menos dos elementos de la Policía Federal que consintieron la detención. Del Ejército, se comprobó que presenciaron pasivamente los hechos elementos del Ejército desplegados irregularmente como civiles la noche de los hechos”, indicó el Centro ProDH.
