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La delegada en Tlalpan, Claudia Sheinbaum, responsabilizó a las administraciones de los perredistas Higinio Chávez y Maricela Contreras de la construcción irregular de un departamento en el cuarto piso del Colegio Enrique Rébsamen, el cual se colapsó en el sismo del 19 de septiembre pasado, por lo que interpuso una denuncia en contra de los directores generales de Jurídico y Gobierno en ambas gestiones y de la dueña del inmueble, Mónica García Villegas.
Incluso, la funcionaria morenista reveló que desde noviembre de 2013 la Dirección de Obras y Desarrollo Urbano advirtió de un daño a la estructura provocado por una serie de obras de demolición que la propietaria había hecho en el tercer y cuarto piso sin permiso; sin embargo, la anterior gestión permitió continuar los trabajos un año después.
“Lo que encontramos en el expediente jurídico es verdaderamente indignante, indignante”, comentó la delegada. Agregó que la queja presentada ante la Fiscalía Desconcentrada en Tlalpan también va en contra de quien resulte responsable.
Al hacer un recuento de los antecedentes jurídicos en torno al edificio derrumbado, los cuales fueron incluidos en la querella, expuso que se detectaron omisiones, obras sin licencias previas e incluso Sheinbaum Pardo dijo que “por nuestra mente pasa que hubo corrupción”.
Desde 2010 la administración del ex delegado del PRD Higinio Chávez ordenó clausurar y demoler una construcción sin permiso en el cuarto piso, que correspondía a un gimnasio; pero “no existe evidencia ni documento que permita concluir que se subsanaron dichas irregularidades y que se haya levantado el estado de clausura ni demolición o pago de multas impuestas”, asentó en la denuncia.
Luego, en octubre de 2013, la dueña Mónica García Villegas quiso hacer obras con un aviso al amparo del artículo 62 del Reglamento de Construcciones —que se refiere a trabajos menores como remodelaciones—, pero fue rechazado por la Dirección de Obras y Desarrollo Urbano, debido a que en una verificación previa se detectó un daño a la estructura en el edificio de Rancho Tamboreo 11 y 19, colonia Nueva Oriental Coapa.
“Se determinó como improcedente debido a que al momento del análisis técnico se observó que se están realizando trabajos de demolición de estructuras de concreto armado en el tercero y cuarto nivel, dañando elementos estructurales que afectan la estabilidad de la construcción (...)”, dice el oficio del 8 de noviembre de 2013, enviado por la entonces directora general de Obras Adoratriz López Pérez a Miguel Ángel Guerrero López, quien fuera director general Jurídico y de Gobierno en la gestión de Maricela Contreras Julián.
El 12 de diciembre de 2013 la dirección a cargo de Guerrero López verificó el inmueble y encontró que, sin permisos, en el tercer y cuarto nivel se hacían trabajos de herrería, levantamiento y aplanado de muros, colocación de estructuras metálicas e instalaciones hidrosanitarias, así como la demolición de una techumbre entre ambos niveles para la colocación de una escalera, todo sin manifestación de obra, según describe el documento de verificación difundido por la delegación en su página de internet.
El 7 de enero de enero de 2014 se suspenden las obras y para junio se impuso la clausura.
Sin embargo, para el 9 de diciembre de 2014, a 11 meses del cierre, la anterior gestión “da por cumplida la resolución” y cierra el expediente, pues la dueña pagó multas por poco más de 21 mil pesos y así la demarcación le otorgó el permiso para hacer obras menores, con folio 2457/13, a pesar de los daños estructurales hallados. De esa manera se continúo con la ampliación del departamento.
En conferencia, la delegada en Tlalpan informó que con esta información presentó ayer una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia (PGJ) capitalina en contra de quien resulte responsable, en especial contra Alejandro Zepeda y Miguel Ángel Guerrero, ex directores generales de Jurídico y Gobierno en las gestiones de Higinio Chávez y Maricela Contreras, respectivamente.
Sheinbaum no descartó responsabilidad de los Directores Responsables de Obra (DRO) Juan Mario Velarde y Juan Apolinar Torales, quienes a pesar de lo expuesto otorgaron su visto bueno en seguridad estructural en 2014 y en seguridad y operación en 2017, respectivamente.
“En el caso de que haya responsabilidad en el peritaje que elabore el Colegio de Ingenieros Civiles, vamos también contra los DRO, corresponsables de obra que dijeron que el edificio era seguro”, dijo.
Apuntó que el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) nunca les notificó de la resolución de enero de este año en contra de la escuela por violación al uso de suelo y que dicha dependencia del gobierno central pudo cerrar la escuela en lugar de “conminarla” a cesar su actividad.
Ante la información publicada ayer por EL UNIVERSAL de que también la actual administración delegacional dejó que se construyera una pérgola sin una manifestación de obra, Claudia Sheinbaum dijo estar abierta a cualquier investigación.
