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La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ana Lilia Herrera (PRI) destacó que con la nueva Ley General de Archivos se garantiza el derecho ciudadano de acceso a la información y fomenta el resguardo de la memoria institucional gracias a las bases para su preservación y consulta.
La legisladora aseguró que esta ley obliga a cualquier órgano, autoridad y organismos de los poderes de la Unión, pero también a partidos políticos y sindicatos, entre otros, que ejerzan recursos públicos a resguardar, difundir y poner a disposición de la sociedad documentos privados de contenido social, histórico, científico y cultural.
Ana Lilia Herrera explicó que para el buen funcionamiento de la información, se creará el Consejo Nacional de Archivos, presidido por el Archivo General de la Nación (AGN), y que encabezará al Sistema Nacional de Archivos, que se encargará de la coordinación adecuada entre instituciones y avalará la política nacional de gestión documental y administración de archivos.
La senadora indicó que con la aprobación de la Ley General de Archivos, el Senado de la República cierra el proceso legislativo para consolidar el andamiaje institucional que se ha construido en materia de transparencia y acceso a la información pública.
El 13 de diciembre pasado, el Senado aprobó la Ley General de Archivos con 90 votos a favor y cero en contra. Se remitió a la Cámara de Diputados para su análisis y discusión.
La Ley General de Archivos, es la última de las tres leyes de la reforma constitucional en materia de transparencia: Ley General de Transparencia y Ley General de Protección de Datos Personales.
Entre los principales cambios se encuentran que el Archivo General de la Nación (AGN) se convertirá en un organismo descentralizado y no sectorizado de la Secretaría de Gobernación, un año después de la entrada en vigor de la nueva ley.
Así, el AGN será la entidad especializada en materia de archivos, que tendrá como objetivo promover la organización y administración homogénea de los documentos, preservar, incrementar y difundir el patrimonio documental y salvaguardar la memoria nacional de corto, mediano y largo plazo, así como contribuir a la transparencia y rendición de cuentas.
Los archivos históricos no pueden ser testados en sus datos personales y en caso de que un ciudadano recibiera un archivo histórico en esa condición, podrá acudir al Inai para que le den la información.
Se creará el Consejo Nacional de Archivos, como una figura similar al Sistema Nacional de Transparencia o el Sistema Nacional Anticorrupción, que estará formado por los sujetos obligados, la sociedad civil y académicos que establecerán la política nacional de gestión documental.
