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En los últimos tres años, el gobierno federal redujo en 74% el presupuesto destinado a atender los problemas estructurales de las universidades públicas del país, indican cifras del Presupuesto de Egresos 2018 que aprobó la Cámara de Diputados.
Según este documento, el presupuesto destinado a Apoyos para la Atención de Problemas Estructurales de las Universidades Públicas Estatales (UPE) pasó de 2 mil 713 millones de pesos en 2016 a 700 millones de pesos en 2018.
Esta cantidad es inferior en 74% y no alcanza el mínimo de 750 millones de pesos que las universidades solicitaron como una ampliación presupuestal a la Cámara de Diputados para resolver sus problemas de déficit relacionados, principalmente, con el pago de pensiones y jubilaciones.
El presupuesto que se destinó en 2018 presenta un incremento de 100 millones de pesos con respecto a lo que se les otorgó en 2017; aun así, es el segundo más bajo que se les ha otorgado a las universidades en lo que va del sexenio.
De esta manera, en 2013 el gobierno federal destinó mil millones de pesos para que las universidades atendieran sus problemas financieros; en 2014, el apoyo llegó a 2 mil 075 millones de pesos; para 2015, se presupuestaron 2 mil 146 millones de pesos, mientras que en 2016 el apoyo volvió a crecer para llegar a 2 mil 713 millones de pesos.
Para 2017 y 2018 el presupuesto se colocó en 600 millones y 700 millones de pesos, respectivamente.
Los rectores de las universidades autónomas de Michoacán, Morelos, Oaxaca, Nayarit y Zacatecas advirtieron que se declararían en insolvencia económica inmediata al no contar con los recursos para terminar el año y pidieron una bolsa de 4 mil millones de pesos para la nómina de 26 mil trabajadores. La SEP respondió que no tenía más recursos para apoyar a las instituciones.
Después, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers, señaló que las universidades del país deben recibir apoyo para resolver en forma definitiva sus carencias financieras, independientemente de que algunos de sus administradores enfrenten acusaciones de corrupción.
Ello después de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló que persiste la práctica “reiterada” de las dependencias y entidades del gobierno federal de celebrar contratos y convenios para la prestación de servicios con las universidades públicas, para no realizar licitaciones públicas.
El auditor determinó recuperaciones probables por 103 millones 054 mil 700 pesos por contratos que realizaron dos universidades públicas sin tener la capacidad para cumplirlos, y para lo cual subcontrataron a otras empresas o proveedores y después no presentaron evidencia de haber cumplido.
En 2016, el auditor encontró que dependencias como la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa); la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Pronósticos para la Asistencia Pública realizaron este tipo de contrataciones.
En el año 2007, el gobierno federal detectó que las universidades públicas estatales no tenían recursos suficientes para cumplir con los objetivos nacionales de ampliar la cobertura, diversificar la oferta y elevar la calidad educativa en el nivel superior.
Este análisis se dio luego de uno previo de 1998, cuando la SEP concluyó que más de 30 universidades del país contraerían un pasivo contingente en su sistema de pensiones y jubilaciones que rebasaría en conjunto los 300 mil millones de pesos.
