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En los últimos días, los integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF) comenzaron a crear un frente común para delinear una estrategia de defensa contra las iniciativas de reforma presentadas por Morena, por considerarlas un riesgo a la independencia judicial en caso de promulgarse, para lo cual realizan cabildeo en varios estados del país y con organismos internacionales.
Jueces y magistrados hicieron público su extrañamiento al Poder Legislativo por la ausencia de diálogo para la discusión de las iniciativas que, entre otras cosas, buscan someterlos a controles como el polígrafo, rotarlos cada seis años y reducir sus salarios.
Todo empezó con el anuncio de Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, de buscar ejercer mayor control en los procesos de designación de juzgadores, en aras de acabar con los casos de nepotismo y “amiguismo” que han sido denunciados.
Poco a poco, mediante mensajes de WhatsApp, los juzgadores federales corrieron la voz de que era necesaria una estrategia de defensa. Por ello, el 18 de octubre pasado, el magistrado Ricardo Rivas Pérez, del Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, convocó a sus compañeros a una reunión informativa con un despacho especializado en litigios ante instancias internacionales.
Se trató del Instituto Interamericano de Responsabilidad Social y Derechos Humanos (Iiresodh), que luego de la reunión del sábado 20 de octubre reconoció que las iniciativas de Morena en el Senado pueden justificarse en nobles intereses de bien común, pero ponen en riesgo el contrapeso que debe ejercer el PJF y podrían terminar socavando sus cimientos.
El primer paso. Integrantes del PJF consultados por EL UNIVERSAL y que prefirieron no se citaran sus nombres, dijeron que la reunión fue un primer paso y que esperan que con un reconocimiento internacional de la vulneración de la independencia judicial y de sus derechos adquiridos y consagrados en la Constitución, la reforma pueda ser frenada.
“No sólo nosotros nos vemos afectados de manera personal, el justiciable también puede resultar afectado, porque si no se le garantiza que los jueces o magistrados actuarán de manera independiente, ni siquiera van a acudir con nosotros porque generará desconfianza”, dijo una de las fuentes.
“¿Cómo se garantiza la independencia? Respetando la carrera judicial, la estabilidad salarial que hasta ahora está en la Constitución, no haciendo las cosas así”, afirmó.
Uno de ellos explicó que mientras no exista una reforma promulgada, el PJF está atado de manos para tomar acciones concretas como la promoción de amparos, razón por la que es necesaria la intervención internacional para que, de existir una reestructuración, sea conforme a los principios generales del Derecho.
Organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han advertido que el ingreso suficiente, la certeza en las adscripciones y la inamovilidad en los cargos de los juzgadores son condiciones mínimas para salvaguardar su seguridad y garantizar el papel de contrapeso que los poderes judiciales deben desempeñar en los Estados democráticos.
El 23 de octubre, Monreal presentó una iniciativa de reforma constitucional, en la que establece reducir los salarios de los integrantes del PJF y controlar el funcionamiento y designación de los titulares en los Poderes Judiciales locales.
El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, ordenó integrar una comisión interdisciplinaria para que los jueces y magistrados sean escuchados y sus puntos de vista serán llevados a los representantes de los otros poderes para “entablar un intercambio respetuoso que permita el fortalecimiento del PJF, sin comprometer su independencia”.
¿Qué puede ocurrir? Para la reducción salarial a los integrantes del PJF, el Presidente de la República debía hacerlo mediante la promulgación de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
Esa ley debió quedar lista antes del 13 de octubre pasado, pero continúa estancada en la Presidencia.
De promulgarse e incluir la reducción salarial a jueces, magistrados, consejeros y ministros, se convertiría en una ley anticonstitucional.
Esto, debido a que el artículo 94 constitucional establece que los salarios de jueces de Distrito, magistrados de Circuito, Consejeros de la Judicatura Federal y ministros de la Corte no podrán ser disminuidos durante su encargo.
