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El Servicio de Administración Tributaria [SAT] no pudo cobrar 11 mil 583 millones de pesos de sanciones económicas debido a que los funcionarios a quienes se las impusieron no tienen dinero para pagar.
De los 7 mil 978 casos concluidos, 3 mil 474 —que representan 32% del importe— no se cobró porque los deudores no cuentan con el patrimonio necesario para hacer el pago.
Se han registrado 16 mil 445 sanciones económicas desde la creación de la Secretaría de la Función Pública. Hasta septiembre de 2017, 7 mil 978 casos han representado un importe de 34 mil 855 millones de pesos.
Pero apenas se recaudó 2% de esa cifra, es decir, mil 838 casos representaron un ingreso de solamente 158 millones de pesos.
El 66% restante no pudieron ser cobradas porque el deudor obtuvo una resolución favorable en alguna instancia. En importe representan 22 mil 974 millones de pesos y se trata de 2 mil 614 resoluciones.
Lizandro Núñez Picazo, administrador general de Recaudación del SAT, dijo a EL UNIVERSAL que se tienen identificadas las dos razones por las que la recaudación es baja, una es lo que no se puede cobrar porque los funcionarios no tienen dinero; y otra porque el 66% obtienen en alguna instancia jurisdiccional una resolución favorable.
“Cuando concluimos que un contribuyente no tiene patrimonio suficiente es porque ya investigamos cuentas bancarias, inmuebles en cualquiera de sus presentaciones, casas, lotes, terrenos, locales comerciales, porque no hay inmuebles, vehículos, aeronaves, embarcaciones, porque no tiene registrados a su nombre patentes, marcas, y ya cruzamos la información con el Seguro Social y logramos obtener información de notarios y vemos que no ha comprado ningún bien, solamente cuando está agotada esa investigación, y todo eso está documentado, cuando se concluyen esas investigaciones y se define que un deudor no tiene el patrimonio”, explicó.
El funcionario federal indicó que el esquema de recaudación es correcto y funciona.
Aclaró que el SAT no es responsable de determinar las multas ni de defenderlas ante tribunales, sino que eso lo hacen quienes imponen la sanción.
EL UNIVERSAL publicó el pasado 30 de noviembre que en dos años y medio, de enero de 2015 a agosto de 2017, la Secretaría de la Función Pública impuso 2 mil 195 sanciones económicas por 5 mil 757 millones de pesos. No obstante, el porcentaje de recuperación es bajo.
Pasos correctos. Lizandro Núñez Picazo opinó que el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) da los pasos correctos porque busca sancionar no sólo al servidor público, sino a las empresas, proveedores o prestadores de servicios beneficiadas, lo que permite que la autoridad cobradora no vaya solamente contra una persona física sin bienes, sino con quien se benefició de ese servicio indebido y exista otra fuente para recuperar esos pasivos.
Recordó que ahora las sanciones las va a determinar el propio tribunal, lo que va a permitir una mayor fundamentación y motivación.
“Así se señala en la exposición de motivos (...), se dijo que era para buscar una mayor fundamentación, motivación y circunstanciación de estas imposiciones de sanciones, no lo digo yo, eso es público”, añadió. Con estos elementos, la recaudación podría aumentar, sostuvo.
Reconoció que el porcentaje de recuperación ha crecido por el esfuerzo institucional.
