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El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, adelantó que en 2018 el organismo a su cargo ejercerá a plenitud todas sus facultades: “Timoratos no, [daremos] manotazos cuando sea necesario”, advirtió.
Hay enojo de un sector social por la actuación del instituto en las pasadas elecciones locales, en el Estado de México particularmente, aceptó, pero el INE está impedido, por ley, para asumir el arbitraje de algunos procesos estatales.
Córdova anticipó que el INE pondrá lupa al desarrollo de las elecciones en zonas de reconstrucción tras los terremotos del 7 y 19 de septiembre que azotaron el centro y sur del país, pues los partidos podrían presentar denuncias sobre el uso de recursos para damnificados y esto podría convertirse en un problema para la elección.
El consejero presidente enfatizó que el proceso de 2018 tendrá que juzgarse en sus méritos y admitió que para ello a la autoridad electoral le toca construir la confianza.
Pero, lo que sí preocupa , dijo, es que se argumenta con mucha facilidad que regresamos a 1988 y no es así. En ese tenor reitera que la reforma electoral pasada es funcional.
La columnista Purificación Carpinteyro externó su preocupación por el papel de las redes sociales en los comicios “para tratar de influir en la ciudadanía”, e hizo alusión a lo que sucedió en Estados Unidos.
“Sabemos de la aparente injerencia que tuvieron los rusos en la elección de [Donald] Trump, es una investigación que se está llevando a cabo y qué tanto precisamente los hackers alimentando las redes con fake news pudieron llevar a un segmento de la población a votar por Trump”.
A su vez, el politólogo José Antonio Crespo consideró que en la tarea de generar confianza, las elecciones en el Estado de México y en Coahuila generaron “mucho ruido” que le pegó indirectamente al INE en materia de credibilidad.
“Las encuestas dicen que cerca de 70% no cree que ganó bien el PRI en el Estado de México. A lo mejor valdría la pena aclarar por qué hubo diferencia de criterios en las tarjetas rosas en Coahuila y en tierra mexiquense y ya la gente juzgará”, dijo y cuestionó que no se sancione a quienes están desde hace años en campaña.
El columnista Salvador García Soto opinó a su vez que “el tema que más golpeó a las instituciones electorales más allá de las tarjetas, fue en el Estado de México con el uso de recursos públicos y programas sociales un tanto descarado”.
Esto, dijo, “podría ser un elemento central en esta elección. Sabemos la desventaja con que podría iniciar el candidato oficial y habría un interés por posicionarlo”.
¿Cómo se prepara el INE frente a posibles ataques cibernéticos a sus sistemas, difusión de fake news, campañas en redes para impulsar o detener a candidatos como en Estados Unidos? ¿Ve interés exterior en influir así?
— Sí, es un tema del que nos estamos ocupando. Hemos estado construyendo canales de comunicación con instancias no sólo electorales sino de gobierno [de Estados Unidos], en el entendido de que hay investigaciones criminales en curso, pero para tener claridad de cuáles fueron esos intentos, para conocer dónde podrían estar algunas alertas.
No ha habido ningún ataque informático. Hay intentos, pero ninguna vulneración. Sin embargo, nos estamos preparando ante la eventualidad. No sé si haya interés de [Vladimir] Putin [presidente ruso], de influir en México o no, pero más vale prepararse, no quedarse cortos e imaginar todos los posibles riesgos.
Lo que pasó en las elecciones del Estado de México pegó en la credibilidad del INE, cerca de 70% no cree que el PRI haya ganado ¿qué harán ante el uso de programas sociales o activismo de funcionarios públicos?
—Para 2018, el INE se preparó, emitió lineamientos de cancha pareja para dar equidad en la competencia. Otros sobre la aparición de los líderes en los spots de los partidos y criterios que asumiríamos ante violaciones al articulo 134 de la Constitución sobre programas sociales fueron revocados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con el argumento de que el INE no podía suplir al legislador.
Las facultades reguladas las tenemos, el problema no es que nos hayan quitado dientes o herramientas, sino que no hay claridad sobre cuál va a ser el trato ante denuncias por uso de programas sociales con fines electorales o desvío de recursos públicos, o violación al principio de imparcialidad por parte de servidores públicos.
Una ventaja respecto a lo que pasó y generó mucha inconformidad en la actuación del INE en 2017, es que en 2018 habrá elecciones federales en todo el país y la capacidad arbitral del instituto estará en todo el territorio.
En las elecciones de este año, el INE estaba acotado a la fiscalización y asuntos y quejas sobre radio y televisión, nuestras competencias exclusivas, pero no teníamos arbitraje. Así, aunque hubiera habido uso ilegal de programas sociales federales y por funcionarios, la competencia no era del INE sino del Organismo Público Local (OPL). Se nos acusó de no haber atraído o asumido las elecciones, pero no había condiciones legales, la primera, que se solicitara antes del inicio del proceso o que hubiera notoria incapacidad de la autoridad local.
Ahora, la competencia del INE es plena y tiene todas las bases legales para entrar. Antes, si le entrábamos, nos podrían tirar la competencia y decir: este no es un asunto tuyo, sino del OPL.
¿Cómo se evitará uso electoral del programa de reconstrucción en zonas afectadas por los sismos?
—Será importantísimo un acompañamiento social para evitar el uso político, no le corresponde al INE desplegarlo, pero los partidos pueden presentar denuncias.
Hay pérdida de confianza en el INE en contraste del prestigio que tuvo el Instituto Federal Electoral (IFE) ¿Tendrá suficiente autoridad moral?
—No minimizo el momento, pero también al IFE se le acusaba de partidización, siempre ha habido señalamientos de ese tipo.
Quizá sería tiempo de discutir el modelo de justicia y de arbitraje de la elección, porque la verdad es muy complicado para el INE convocar a los ciudadanos a que sean funcionarios de casilla y convencerlos, cuando en el imaginario colectivo hay la percepción de que favorece a uno u otro partido según se resolvió en las medidas cautelares —que son competencia del instituto— en la queja X o la queja Y, aunque al final el caso va a ser resuelto por el tribunal. Esa dualidad hay que discutirla.
Si se hace un análisis, hay muchos actores enojados y de todos colores, y como éste no es un concurso de popularidad, digamos que me preocuparía que sólo hubiera acusaciones de sesgo de un lado, pero no es así.
¿Tenemos autoridad moral para enfrentar a los poderes?, no es nada más cuestión de autoridad moral, sino de autoridad legal, y vuelvo al Estado de México: hay quien dice ¿por qué no diste el manotazo? Doy el manotazo —supongamos— y luego me dicen: oye no te metas porque esa no es tu competencia . Yo lo que digo es ¿cómo llegaría el INE en ese contexto? Como una autoridad que no es autoridad de cara al desafío de 2018.
Claro, se dice es que es una autoridad timorata. No es que sea timorato, es que la autoridad moral tiene, debe ir acompaña de capacidad jurídica de arbitraje e insisto, para 2018 tenemos todas las competencias jurídicas. No hay una sola atribución del INE que no se vaya a desplegar, a diferencia de lo que pasó ahorita, en que algunas si se activaban, otras no le tocaban.
¿Entonces, será ni timoratos ni manotazos en 2018?
—Diría timoratos no, manotazos cuando sea necesario. Creo que es así como tenemos que enfrentar el proceso de 2018, porque ahí nos jugamos la viabilidad última del modelo.
Ha venido funcionando: de 2014 a la fecha, hemos tenido el mayor número de alternancias para un lado y para otro. Creo que el proceso de 2018 tendrá que juzgarse en sus méritos y nos toca construir la confianza, pero se está diciendo con mucha facilidad y preocupa ‘es que regresamos a 1988 o a 1994’ híjole, no. No digo que vivamos la panacea, sí hay cosas que mejorar, sin duda.
¿Qué le faltó a la reforma electoral de 2014?
—Toda reforma es perfectible aunque ésta es funcional. No hay problema para enfrentar las elecciones, pero podemos tener una mejor. Falta que esté completa, porque el principal motivo de disputa electoral en los últimos años es sobre la actuación de los funcionarios públicos y uso de los programas sociales, pero el Poder Legislativo no ha emitido ley reglamentaria del 134 constitucional. Seguro ahí va a estar el principal problema respecto de la actuación del órgano electoral. Ese es el principal riesgo, normativamente hablando. ¿Estamos atados de manos? No.
Ahora, el principal desafío tiene que ver con reconstruir la confianza. Otro es el ambiente, pero afortunadamente no hay visos de inconformidad social como en 2015, cuando casi se cancelan elecciones en Oaxaca, no fue así.
Sí hay un tema de inconformidad y de confianza que el INE tiene presente, por eso no pedimos confianza, la estamos construyendo al explicar todo lo que implica el proceso electoral. Hay quien dijo: poner casillas lo puede hacer cualquiera, pero en el contexto de inseguridad, de conflictividad social, no es un asunto menor y esa es la primera —no la única— garantía para el voto en libertad. Hoy, no hay un rincón del país donde el INE tenga una advertencia de que vamos a tener un problema en términos de acceso y de poder instalar casillas.
¿Cómo van a organizar los debates, qué innovaciones?
—A diferencia de antes, ahora los representantes de los abanderados van a opinar, pero no van a decidir las reglas porque las vamos a definir en noviembre, antes de que haya candidatos. La ley dice que serán dos debates presidenciales, nosotros vamos por tres, uno por cada mes de campaña. Queremos que los formatos sean flexibles, y que aunque la ley no obliga a los concesionarios a transmitir un tercero, se vuelva tan atractivo que aunque estaremos muy cerca del Mundial, todo mundo tenga interés.
