La Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados aprobó castigar con pena de hasta seis años de prisión, un máximo de 300 días de multa, y la inhabilitación para obtener una concesión, a quien preste servicios de telecomunicaciones o radiodifusión sin la autorización correspondiente.
Ello modifica el Código Penal Federal y precisa que "quien use, aproveche o explote" bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico o recursos orbitales sin contar con autorización o concesión, se le impondrá prisión de dos a seis años.
Además de aplicarse multas de 100 a 300 días y procederá el decomiso de instrumentos, objetos o producto del delito, cualquiera que sea su naturaleza.
Los cambios a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, resaltan que personas sancionadas por prestar servicios de telecomunicaciones o radiodifusión sin una autorización, serán inhabilitadas para obtener, por sí o por medio de otra persona, una concesión por un plazo de cinco años.
La presidenta de la comisión, la diputada Lía Limón (PVME), aseguró que estas modificaciones "no atentan contra la libertad de expresión", ya que buscan erradicar las radios pirata y diferenciarlas de las comunitarias, toda vez que éstas últimas sí están reguladas en la ley antes mencionada.
Por ello, planteó la posibilidad de revisar los requisitos para otorgar una concesión de radio comunitaria que facilite e impulse estaciones con fines sociales que operen en el marco de la ley.
La diputada María Verónica Agundis del PAN, pidió revisar cuáles son los medios públicos y radios comunitarias que están funcionando bien y bajo qué esquemas, ya que no pueden comercializar tiempos por el tipo de concesión asignada.
El diputado Benjamín Medrano Quezada (PRI), explicó que no debe imperar en el país la ilegalidad, ya que hay concesionarios que pagan un título y su renovación cada año, que pagan impuestos y seguro social, y tienen personal.
Aclaró que no es lo mismo para personas que transmiten por internet, ya que no están reguladas y no existe prohibición en la ley, pero en caso de usar el espectro perteneciente al Estado, estos deberán contar con el documento que lo avale, ya sea gratuito o pagado.
De Movimiento Ciudadano, el diputado René Cervera, señaló que ambas modificaciones van en la idea de aportar a la legalidad de la operación de los distintos actores del campo de telecomunicaciones en el país, pero si pidió, buscar la mejor manera de salvaguardar los derechos de las comunitarias, para que no se vean afectadas por esta reforma.
El diputado Miguel Ángel Ramírez (PRI), propusó que antes de sancionar a los infractores, se les avise que están cometiendo un delito, ya que en muchas ocasiones son usadas para impulsar talento artístico.
El diputado de Morena, Virgilio Caballero, se manifestó en contra del dictamen ya que viola el artículo 7 de la Constitución Política. “La propuesta es que se castigue a quienes operen sin permisos algún recurso de carácter comunicacional, es decir, se incluye implícitamente a las radios comunitarias que hay en el país y que son cientos”.
“Las convierte en delincuentes, al grado que se les impondría de 2 a 6 años de prisión y decomiso de los instrumentos para comunicar; estamos ante un derecho categórico que tienen las comunidades”, aseguró el secretario de la comisión.
Del PRD, el diputado Sergio López Sánchez, se pronunció en contra, ya que consideró debía discutirse en comisiones unidas con la de Justicia. “Debemos dejar este tema pendiente y no trasgredir facultades de otra comisión”.
